LONDRES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han reclamado al Gobierno Federal de Transición de Somalia que el tribunal militar de Mogadiscio respete las normas básicas sobre garantías procesales y han exigido que se ponga fin "inmediatamente" a las ejecuciones.
En un comunicado conjunto, AI y HRW han pedido también que los civiles no sean juzgados por el tribunal militar y que los socios internacionales del Gobierno Federal de Transición se opongan firmemente a "estas graves violaciones de Derechos Humanos" durante la próxima reunión de consulta en Mogadiscio.
Según ambas organizaciones, los juicios militares que se están llevando a cabo en Mogadiscio no garantizan el respeto de las normas básicas sobre juicios justos.
Al respecto, recordaron, dos soldados de las fuerzas gubernamentales condenados por asesinato por el tribunal militar fueron ejecutados el pasado 22 de agosto "sin que se les diera la oportunidad de apelar, como exige el Derecho Internacional".
Asimismo, el 29 de agosto, el tribunal condenó a muerte a dos personas por la presunta venta de munición a Al Shabaab, grupo islamista armado que controla gran parte del país. Según algunas fuentes, "uno de los acusados era una civil a la que el tribunal solo hizo una pregunta durante la breve vista judicial y que no contó con representante legal", añadieron.
"Los juicios injustos y las ejecuciones no son la respuesta adecuada a la falta de rendición de cuentas en Somalia, aunque el Gobierno Federal de Transición los encuentre muy oportunos políticamente", declaró el director para África de Human Rights Watch, Daniel Bekele. "Mantener y respetar derechos fundamentales como el derecho a un juicio justo es clave para avanzar", agregó.
JUICIOS A CIVILES
El pasado 13 de agosto, el presidente del Gobierno Federal de Transición, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, declaró el estado de excepción en las zonas de Mogadiscio abandonadas por Al Shabaab, como el mercado de Bakara y varios campos de desplazados internos.
El decreto por el que se declaraba el estado de excepción, que fue firmado por el presidente pero no fue aprobado por el Parlamento, incrementa los poderes del tribunal militar, especialmente su jurisdicción sobre todos los abusos perpetrados en las zonas que están bajo el estado de excepción, lo cual, "por omisión", podría otorgarles poder sobre la población civil, indicaron las dos ONG.
Al respecto, AI y HRW recordaron que las normas internacionales de Derechos Humanos establecen "claramente" que la población civil no debe ser juzgada en tribunales militares.
Aparte, añadieron las ONG, el artículo 57 de la Carta Federal de Transición de Somalia dispone que los tribunales militares solo tendrán jurisdicción sobre delitos militares perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, tanto en tiempo de paz como de guerra. Además, recordaron, "en Mogadiscio hay tribunales civiles".
"El presidente Sheikh Sharif debe prohibir que el tribunal militar del Gobierno Federal de Transición juzgue a civiles, reforzar los tribunales civiles e intervenir de inmediato para impedir la ejecución de los dos acusados condenados a muerte el 29 de agosto", declaró la directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, Michelle Kagari.