COLOMBO, 13 Oct. (EP/AP) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, aseguró hoy que el alto número de ceilandeses muertos, secuestrados o desparecidos en la guerra civil que padece Sri Lanka demuestra la debilidad del imperio de la ley en el país.
"En el contexto del conflicto armado y de las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo, la debilidad del imperio de la ley prevalece y los niveles de impunidad son alarmantes", afirmó Arbour a los periodistas
Arbour hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras concluir la visita de cinco días que realiza a Sri Lanka para analizar sobre el terreno la situación de los Derechos Humanos en el país, y reunirse con representantes del Gobierno y de la sociedad civil.
Asimismo, precisó que en sus conversaciones con las autoridades se comprometieron a tomar medidas para hacer frente a las denuncias de abusos. "Pero hasta el momento no ha habido una posición pública adecuada y creíble sobre la mayoría de los casos", indicó.
La Alta Comisionada mostró su apoyo a la creación de una misión de supervisión de la ONU y ofreció enviar funcionarios para promover y proteger los Derechos Humanos y ayudar a publicar "información más creíble e independiente" sobre que lo que está ocurriendo en la isla.
"Uno de los principales defectos en materia de Derechos Humanos en Sri Lanka se fundamenta en la ausencia de una información fiable y autorizada sobre las denuncias de abusos a los Derechos Humanos", explicó Arbour.
COLOMBO NO QUIERE PRESENCIA DE LA ONU
Sin embargo, el ministro de Derechos Humanos de Sri Lanka, Mahinda Samarasinghe, que participó junto a la Alta Comisionada en la rueda de prensa, descartó cualquier tipo de misión de monitoreo que no esté bajo su control.
"La posición del Gobierno es muy clara. No somos partidarios de discutir la presencia de la ONU en Sri Lanka para monitorizar la situación, y tampoco estamos preparados para hablar de la apertura de una una oficina de la Alta Comisionada en el país", afirmó.
En todo caso, precisó el ministro Samarasinghe, el Gobierno está más que dispuesto a trabajar con la oficina de Arbour o cualquier otra para compartir experiencias técnicas y entrenamiento a nuestros funcionarios para hacer frente al desafío de los Derechos Humanos.
Sri Lanka sufre desde hace más de dos décadas un enfrentamiento armado entre las milicias separatistas de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) y las tropas del Gobierno, dominado por la mayoría cingalesa, que ha causado más de 70.000 muertos.
Las organizaciones internacionales de Derechos Humanos han acusado tanto a las fuerzas militares del Gobierno como a los Tigres Tamiles de homicidios y secuestros de civiles a lo largo de estos últimos 22 años de conflicto.
Human Rights Watch, con sede en Nueva York, denunció el pasado mes de agosto que entre enero de 2006 y junio de 2007 se registraron más de 1.100 secuestros y desapariciones, muchas de ellas atribuibles al Gobierno y a sus aliados armados.
El Gobierno ha respondido que estas informaciones carecen de base y suponen una violación de la soberanía nacional. HRW también acusó a los rebeldes de la muerte de civiles, del reclutamiento forzoso de niños soldado y de extorsionar a comunidades locales.
