Publicado 16/12/2021 20:36CET

El Supremo de EEUU envía las demandas a la ley del aborto de Texas a los conservadores tribunales de apelación

Activistas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo durante una concentración en Washington DC contra la restrictiva ley del aborto de Texas.
Activistas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo durante una concentración en Washington DC contra la restrictiva ley del aborto de Texas. - JOSHUA ROBERTS/GETTY IMAGES

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Neil Gorsuch ha decidido este jueves que sean los conservadores tribunales del Quinto Circuito quienes diriman las demandas contra la controvertida ley del aborto de Texas, una decisión que podría dejar durante semanas, si no meses, en un limbo legal a aquellas mujeres que necesiten interrumpir su embarazo en ese estado.

Esta decisión se produce casi una semana después de que el Tribunal Supremo dejara la ley en vigor, pero permitiendo que se admita a trámite cualquier recurso que quiera interponer ante los tribunales federales una clínica donde se practiquen interrupciones del embarazo contra esta restrictiva legislación.

El dictamen ha sido interpretado como una victoria parcial para los defensores del aborto regulado contra una ley, en vigor desde el 1 de septiembre, que se ha convertido en su gran desafío. Texas prohíbe la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana, cuando muchas mujeres ni siquiera sabe que lo están, sin excepciones por violación o incesto excepto, salvo casos de "emergencia médica".

No obstante, al enviar los casos a los tribunales de apelaciones del Quinto Circuito, los cuales ya han respaldado repetidamente dicha legislación, el proceso podría llevar meses por lo que es probable que las clínicas abortivas no se arriesguen a prestar estos servicios después de las seis semanas que marca la ley por temor a las sanciones, informa CNN.

Desde su declaración, las autoridades de Texas han intentado blindar la ley (la S.B. 8) al dejar su ejecución en manos de cualquier persona que quiera denunciar a un médico que practique abortos después de las seis semanas. El estado ofrecía "recompensas" de hasta 10.000 dólares a quien se animara a demandar, lo que exponía a los médicos --incapacitados por esa ley para responder a las acusaciones hasta que la demanda en su contra estuviera formulada-- a la ruina.

La decisión del Supremo significa que el caso vuelve a los tribunales de distrito para continuar con los procedimientos, lo que abre la posibilidad de que sea suspendida si acaba impugnada allí.

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