Los tamiles reclaman libertad una década después del atroz enfrentamiento final entre Gobierno y rebeldes

Un 20 por ciento de los supervivientes tamiles denuncian que el Gobierno sigue sin devolverles las tierras expropiadas

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de miles de integrantes de la minoría ceilandesa tamil conmemoran este sábado diez años tras el fin de una guerra civil entre el Gobierno de Sri Lanka y el grupo rebelde de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), que en mayo de 2009 terminó con uno de los enfrentamientos finales más sangrientos del siglo XXI.

La campaña final de bombardeos contra el corredor humanitario abierto en el norte del país, y en la que los rebeldes emplearon a la población como escudos humanos, se saldó con hasta 40.000 muertos y 300.000 desplazados en solo cinco meses , según estimaciones de un panel de expertos de la ONU, citando fuentes sobre el terreno "de plena confianza".

Los efectos de la ofensiva del Gobierno, que se saldó con la muerte del líder del LTTE, Velupillai Prabhakaran, han quedado prácticamente impunes a pesar de que el escenario final de la guerra, un corredor humanitario de solo 10 kilómetros cuadrados en norte del país se convirtió, en los últimos días, en un paisaje de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.

"Entre septiembre de 2008 y mayo de 2009", cita el informe de expertos de la ONU, "el Ejército de Sri Lanka avanzó posiciones mediante bombardeos a gran escala que causaron un gran número de muertes civiles en una campaña que constituyó una persecución contra la población (tamil). Cerca de 330.000 civiles quedaron atrapados en una zona cada vez más reducida, como rehenes del LTTE".

"El Gobierno bombardeó", prosigue el documento, "tres zonas de seguridad para los civiles tras animar a precisamente a esa población a que se concentrara en esos lugares, y tras prometer que dejaría de emplear artillería pesada". El panel de expertos acusa al Ejército de Sri Lanka de bombardear "instalaciones de la ONU, colas de alimentos, barcos del Comité Internacional de la Cruz Roja".

"La mayoría de las víctimas mortales de las fases finales de la guerra se atribuyen a los bombardeos del Gobierno", según el panel, "algunos de carácter sistemático contra hospitales, alcanzados en varias ocasiones, y contra almacenes de alimentos para generar una hambruna entre la población".

Algunos de los civiles que conseguían escapar fueron "registrados sin transparencia ni escrutinio externo" y "algunas de las mujeres podrían haber sido violadas". Los tamiles supervivientes fueron encerrados "en campos de concentración masificados, en terribles condiciones, interrogados y sujetos a torturas". En febrero de 2009, el Ejército comenzó a disparar a civiles a quemarropa, según las conclusiones del panel.

El grupo de analistas internacionales International Crisis Group acusó en 2012 a las autoridades ceilandesas de "embellecer" el balance final de víctimas, oficialmente solo 7.000, sin distinguir entre combatientes o civiles, criticó duramente las conclusiones de la llamada "Comisión para las lecciones aprendidas y la reconciliación" por "partidistas" e "imprecisas".

DIEZ AÑOS DESPUÉS

Los supervivientes tamiles están asolados por el desempleo y el desarraigo. La falta de empleos y la presión de los préstamos abusivos, especialmente entre las mujeres, han sido temas recurrentes en las provincias del norte y del este, que han intentado recuperarse durante una década, sin éxito.

Los conflictos locales emergentes sobre la tierra y el agua entre los antiguos residentes y los nuevos reasentados han reavivado tensiones entre las diferentes comunidades autóctonas marcadas por el fantasma de los muertos y de los desaparecidos y la presión permanente del Ejército

"Con tan pocos empleos disponibles, nos hemos visto obligados a trabajar en las granjas que dirige el Ejército, usando sus uniformes", explica al diario indio 'The Express' una joven de Kilinochchi, bajo condición de anonimato.

Un 20 por ciento de la minoría tamil que sobrevivió a los últimos días de la guerra civil jamás recuperará las tierras donde el Ejército del país instaló sus bases militares para lanzar su ataque final, según la opinión del experto en situaciones de post-conflicto Dhammika Herath. Son tierras expropiadas a los miles de fallecidos y desplazados en la fase final del conflicto.

Organizaciones pro Derechos Humanos han acusado al presidente del país, Maithripala Sirisena, de faltar a su promesa de devolver las 12.140 hectáreas expropiadas en el norte y el este del país antes del 31 de diciembre del año pasado. A estas alturas del año, parece poco probable que se decida a cumplir su palabra.

"Me parece bastante poco realista esperar que estas tierras sean devueltas porque el Ejército sigue manteniendo bases militares permanentes ahí", ha explicado Herath, quien propone la solución, "más pragmática", de compensar a los propietarios "bajo los actuales precios de mercado".

El experto considera que "la gente de este país depende de la agricultura y estos afectados viven ahora pobres y desempleados". De la misma opinión es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuya representante, Menique Amarasinghe, explica la dificultad que comporta reclamar la propia tierra en un lugar asolado por la guerra.

El Ejército de Sri Lanka ha confirmado que la tierra no ha sido devuelta a sus propietarios por "motivos de seguridad". "No obstante, estamos abiertos", explica el portavoz militar Sumith Atapattu, "a considerar un acuerdo alternativo".

Sin embargo, y como explica por su parte Ravindra De Silva, integrante de la ONG por los Derechos Humanos de la juventud Asociación para la Amistad y el Amor, "esa cuestión ahora mismo no es prioritaria para los militares".

"Pueden decir que se quedan con la tierra el tiempo que les apetezca, mientras la gente pierde su casa sin recibir nada a cambio. No están haciendo más que prolongar el sufrimiento", ha lamentado a la Fundación Thomson Reuters.

EL RENACER DE LA VIOLENCIA

Una década después, Sri Lanka vuelve a estar amenazada por la violencia. La ola de atentados del Domingo de Pascua, que dejaron al menos 250 muertos, obligaron a la imposición del toque de queda en un país hasta entonces relativamente a salvo del terrorismo.

Para aquellos que ya estaban preocupados por la presencia militar tras la guerra, los atentados han vuelto a recordarles la situación.

"Los atentados fueron en otra parte, pero el Ejército comenzó a intimidarnos en el norte", explica al 'Express' el activista Leelavathi Ananthanatarajah. "Los controles de seguridad y el aumento de la vigilancia no hacen más que devolvernos los horribles recuerdos de los años de la guerra", lamenta.