LA HAYA, 3 Feb. (Reuters/EP) -
El Tribunal Penal Internacional (TPI) abrió este miércoles la puerta a que el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, sea acusado por genocidio en Darfur al revocar la sala de apelaciones la decisión inicial de que los fiscales no habían presentado pruebas suficientes. Jartum se apresuró a denunciar que se trata de un intento de impedir la celebración de las elecciones del próximo mes de abril, mientras que el principal grupo rebelde de Darfur, el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), ha celebrado el cambio.
Los jueces de la sala de apelación del TPI revocaron la decisión previa de que los fiscales no habían presentado suficientes pruebas para que se añadiera el cargo de genocidio al acta de acusación contra Al Bashir, determinando que la sala de instrucción deberá estudiar de nuevo si se le puede acusar de este cargo. El presidente sudanés ya ha sido acusado de siete cargos de crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra que incluyen asesinato, exterminio, tortura y violación.
"La decisión de la sala de instrucción de no emitir una orden relativa al cargo de genocidio se vio materialmente afectada por un error de derecho", indicó el juez del TPI Erkki Kourula, que leyó el veredicto de apelación. El magistrado precisó que la sala de apelación no aceptará la petición del fiscal de una sentencia que reconozca que hay motivos para creer que Al Bashir actuó con intención genocida.
Sin embargo, expertos legales consideran que la decisión de pedir a la sala de instrucción que revise la cuestión del genocidio abre la posibilidad de que se presente formalmente este cargo contra el presidente sudanés, aunque podría llevar meses. En todo caso, dado que el TPI no tiene una fuerza policial propia, depende de que los Estados acepten a ejecutar la orden de detención, puesto que no celebra juicios en rebeldía.
REACCIÓN DE JARTUM Y EL JEM
El Gobierno sudanés consideró que la decisión es política dado el momento en que se produce y busca perturbar las primeras elecciones democráticas en el país en 24 años, previstas para el próximo abril. "Este procedimiento del TPI sólo busca frenar los esfuerzos del Gobierno sudanés hacia las elecciones y un cambio pacífico de poder", lamentó Rabie Abdelati, un alto funcionario del Ministerio de Información sudanés en declaraciones a Reuters.
Según este responsable, la orden de arresto emitida el año pasado por el TPI contra Al Bashir no ha afectado sus movimientos o su nombramiento como candidato a las elecciones presidenciales y la nueva sentencia no será diferente. De hecho, subrayó, Al Bashir se encontraba hoy en Qatar. El presidente sudanés ha rechazado reiteradamente las denuncias en su contra hechas por el TPI y el Gobierno sudanés se ha negado a cooperar con este tribunal.
Por su parte, el principal grupo rebelde de Darfur, el JEM, se felicitó de la decisión y dijo que ahora reconsiderarán participar en las conversaciones de paz. "Esta es una decisión correcta", declaró el negociador jefe del grupo rebelde, Ahmed Tugud. "Nosotros creemos que lo que hemos visto sobre el terreno en Darfur equivale a un delito de genocidio", añadió.
"Ahora estamos evaluando nuestra situación sobre si es éticamente posible negociar con un Gobierno acusado de cometer genocidio contra nuestro pueblo", precisó. Tugud hizo estas declaraciones desde Doha, donde el JEM está manteniendo discusiones con Jartum con vistas a la celebración de conversaciones de paz.
Mientras, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos, Johnnie Carson, consideró desde Ghana que Al Bashir debería ir ante el TPI y enfrentarse a la justicia. "Nosotros pensamos que el presidente Al Bashir debería presentarse ante el tribunal para hacer frente a los cargos" que se le imputan, señaló Carson.
MORENO-OCAMPO PRESENTARÁ NUEVAS PRUEBAS
El fiscal jefe del TPI, Luis Moreno-Ocampo, dio la bienvenida a la decisión y advirtió al presidente sudanés de que necesita "conseguir un abogado". Asimismo, dijo que presentará nuevas pruebas ante el tribunal con el fin de conseguir que Al Bashir sea acusado finalmente también del delito de genocidio.
"Expulsar a los trabajadores humanitarios es un gran elemento de estas intenciones genocidas", subrayó Moreno-Ocampo en declaraciones a Reuters. "Cuando expulsó a estas personas que estaban suministrando agua y alimentos, confirmó su intención de destruir a su pueblo. Así que me gustaría presentar este nuevo aspecto del caso", aclaró.
La orden de arresto dictada por el TPI contra Al Bashir fue la primera contra un jefe de Estado en funciones y empujó al presidente sudanés a expulsar a las agencias internacionales que operaban en el país el año pasado.
La investigación sobre Darfur se lanzó en junio de 2005 después de que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera la situación al TPI. En su veredicto de hoy, la sala de apelación afirmó que la de instrucción puso demasiado alto el listón de las pruebas necesarias para incluir el genocidio en la orden de arresto.
De sumarse el cargo de genocidio a la orden de arresto, contribuiría a aislar más a Al Bashir, aumentar la presión internacional sobre él y provocar mayor inestabilidad en Darfur, donde 4,7 millones de personas dependen de la ayuda tras siete años de conflicto.
Los rebeldes tomaron las armas en Darfur en febrero de 2003, acusando al Gobierno central de tener olvidada esta región del oeste del país. Jartum movilizó a sus milicias para aplastar la revuelta, desencadenando una crisis humanitaria que la ONU estima se ha cobrado 300.000 vidas, pese a que Al Bashir habla sólo de 10.000 muertos.
