BUJUMBURA, 5 Feb. (Reuters/EP) -
Tres ministros han abandonado el Gobierno de coalición de Burundi esta semana en protesta por el cese de un vicepresidente, lo que ha aumentando los temores de una creciente tensión étnica en el país aunque estas decisiones no suponen una inminente amenaza para la continuación del Ejecutivo.
El partido CNDD-FDD que lidera el presidente, Pierre Nkurunziza, continúa siendo la principal fuerza política en el Parlamento de Burundi.
Nkurunziza, de la etnia hutu, despidió el pasado sábado a uno de los vicepresidentes, Bernard Busukoza, de la etnia tutsi, lo que provocó la renuncia de los tres ministros, también tutsis y pertenecientes al partido UPRONA.
"He respondido a la petición de mi partido que ha instado a sus ministros a que dejen el Gobierno después de la retirada del vicepresidente primero", ha dicho la ministra de Comercio y Turismo, Victoire Ndikumana en un comunicado este miércoles.
Los ministros de Comunicación y Desarrollo Comunitario también han dimitido.
En el decreto presidencial, el Gobierno asegura que se expulsó a Busukoza por causar tensiones después de que solicitara la retirada de una propuesta de reforma constitucional presentada al Parlamento en octubre de 2013.
Los partidos de la oposición, distintos grupos de la sociedad y las organizaciones religiosas han afirmado que el plan de reforma tiene por objeto permitir que Nkurunziza, elegido como presidente en 2005 y reelegido en 2010, pueda lograr un tercer mandato el próximo año.
La propuesta de reforma constitucional permitiría eliminar el requisito actual que permite a los hutus ocupar un 60 por ciento de los puestos en el Gobierno y en el Parlamento y a los tutsis el resto.
El histórico conflicto étnico y civil entre los tutsis y los hutus se ha apaciguado relativamente desde que el grupo rebelde hutu Fuerzas para la Liberación Nacional (FNL) dejó definitivamente las armas en 2009.
Según la enmienda constitucional, Burundi tan sólo tendría un vicepresidente sin apenas peso político y un primer ministro con más capacidad de decisión en vez de la situación actual en la que existen dos vicepresidentes de distinta etnia e igual peso.
La reforma también prohibiría a los jueces y al personal de seguridad la creación de sindicatos y la celebración de huelgas y permitiría que tan sólo los titulados universitarios pudieran ser presidentes.
