Publicado: miércoles, 24 febrero 2016 18:09

DUBÁI, 24 Feb. (Reuters/EP) -

El opositor Ibrahim Sharif, exsecretario general de la Sociedad Nacional de Acción Democrática (Waad), ha sido condenado este miércoles a un año de cárcel por criticar en un discurso el sistema de Gobierno, aunque ha sido absuelto del cargo más grave --instigar la caída del régimen por cauces ilegales--, según ha informado su abogado.

La Fiscalía, en un comunicado publicado en las redes sociales, ha lamentado que aunque Sharif ha sido condenado por "insultar el sistema constitucional del país y mofarse de él", ha sido absuelto de pedir un cambio de régimen, violando la Carta Magna.

"Actualmente, la Fiscalía está estudiando las razones para la absolución del sospechoso de algunos cargos y podría presentar un recurso de apelación si se encontraran fundamentos legales para ello", ha señalado la oficina.

El año pasado, Sharif fue liberado por un indulto real tras pasar más de cuatro años de prisión por su papel en unas revueltas para exigir reformas en la monarquía del golfo Pérsico. En el momento de su detención, en marzo de 2011, lideraba Waad.

Bahréin ha experimentado varias revueltas esporádicas desde las protestas de 2011 lideradas por la mayoría chií del país, que demanda reformas y un papel más activo en el Gobierno, liderado por suníes. Las revueltas fueron sofocadas con la ayuda militar de Arabia Saudí, la gran potencia suní en la región.

Bahréin acusa a la oposición de mantener una agenda sectaria respaldada por Irán. No obstante, las organizaciones chiíes rechazan los cargos, mientras que Waad mantiene que es una institución secular.

En un discurso dirigido a académicos, editores de periódicos y miembros del Consejo de la Shura, el ministro del Interior, Shaij Rashid bin Abdulá al Jalifa, ha anunciado una serie de medidas para frenar la expansión de la militancia iraní en Bahréin. Entre ellas se incluye establecer un comité para controlar las transacciones financieras de individuos y organizaciones, restringir la presencia de jóvenes de entre 14 y 18 años de las zonas de conflicto y proteger los lugares de culto "del extremismo político y religioso y la incitación".

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