MADRID, 9 Dic. (EDIZIONES) -
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está llamada a convertirse en el árbitro entre la próxima Asamblea Nacional, dominada por la oposición, y el Gobierno de Nicolás Maduro para decidir qué leyes saldrán adelante.
Los 112 diputados conquistados por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se traducen en una mayoría de dos tercios, "la más robusta", que le permitirá controlar la producción de leyes ordinarias y orgánicas.
Entre las primeras normas jurídicas que la MUD pretende aprobar a partir del 5 de enero, cuando toman posesión los nuevos diputados, está la Ley de Amnistía para liberar a los "presos políticos" del 'chavismo', entre ellos Leopoldo López.
En sus manos quedará también la gestión de las leyes habilitantes, que conceden poderes absolutos al presidente y de las que Maduro se ha servido estos tres años. La actual expirará el 31 de diciembre y, por lo que ha anunciado la MUD, será la última.
La oposición en la Asamblea Nacional tendrá otra forma de controlar al Poder Ejecutivo a través de la concesión de créditos públicos, vitales para mantener las políticas sociales del 'chavismo' en el contexto de la grave crisis económica que sufre Venezuela.
Además, tendrá acción directa para impulsar (y aprobar) mociones de censura contra el vicepresidente y los ministros del Gobierno. Sin embargo, para echar a Maduro de Miraflores mediante el referéndum revocatorio tendrá que esperar hasta 2016 --el ecuador de su mandato-- y deberá contar con el apoyo del pueblo venezolano en la consulta.
El control de la Asamblea Nacional se extiende asimismo a los magistrados del TSJ y a otros cargos públicos, pero para poder cesar a los actuales y designar unos nuevos la MUD tendrá que contar con la complicidad de otras instituciones estatales.
La coalición opositora podrá igualmente rediseñar el Estado a través de enmiendas o de reformas integrales de la Carta Magna, pero para ello también necesitará la complicidad del pueblo venezolano a través de las urnas.
EL VETO DE MADURO
La amplia capacidad de la MUD se verá limitada por el poder de veto que la norma fundamental concede al presidente respecto de cualquier ley emanada de la Asamblea Nacional, donde entraría en juego la Sala Constitucional.
"La única posibilidad de veto que tiene el Ejecutivo es para una ley", ha dicho en declaraciones a Europa Press John Magdaleno, politólogo del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Venezuela.
Magdaleno ha explicado que, en el caso de que Maduro se negara a sancionar una ley aprobada en el Parlamento --por ejemplo, la de amnistía a los "presos políticos"--, tendría que enviar sus "observaciones" a la Asamblea Nacional para que ésta respondiera, entablando así un diálogo que podría demorarse "meses".
En último término, si el Gobierno insistiera en vetar la ley, "la Asamblea Nacional podría promulgarla unilateralmente", pero incluso en este supuesto el 'chavismo' podría acudir al TSJ para frenar la entrada en vigor de la norma jurídica.
Miraflores --o la bancada 'chavista', e incluso una iniciativa ciudadana-- podría presentar un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional para que ésta se pronunciara exclusivamente sobre la concordancia de la ley con la Carta Magna y, en caso de ser afirmativa, no tendría mas remedio que permitir la promulgación.
EL TSJ COMO ÁRBITRO
De este modo, el TSJ se convertiría en un actor clave para la cohabitación entre un Parlamento controlado por la MUD y un Gobierno 'chavista' al menos hasta las próximas elecciones presidenciales, previstas para el año 2019.
Aquí se plantea el problema de la independencia del TSJ, que ha sido señalado en numerosas ocasiones por la oposición por favorecer con sus decisiones al 'chavismo', denunciando que muchos de sus magistrados son militantes confesos.
Interrogado sobre la posibilidad de que la MUD pudiera cambiar la composición actual del TSJ, Magdaleno ha aclarado que "no es tan sencillo" porque, aunque con los 112 diputados puede promover la remoción de magistrados, la decisión definitiva "depende del concurso de otras instituciones", como la Contraloría o la Fiscalía, dominadas también por el 'chavismo'.
