BANGKOK, 5 Jul. (Reuters/EP) -
Un tribunal militar ha ordenado este martes la puesta en libertad bajo fianza de siete activistas que fueron detenidos por hacer campaña contra la Constitución impulsada por la junta militar que gobierna el país y que será sometida a referéndum en agosto.
Los activistas prodemocracia que fueron arrestados forman parte de un pequeño pero creciente grupo de activistas que se atreven a desafiar la autoridad de la junta castrense cuando se acerca la 7 de agosto, la fecha en que se someterá a consulta popular la nueva Carta Magna impulsada por la junta militar que gobierna en Tailandia desde el golpe de Estado de mayo de 2014.
Los siete activistas fueron detenidos en junio cuando distribuían panfletos para animar a los electores a votar contra el nuevo texto constitucional, rechazado por los principales partidos políticos y que la junta militar defiende como la solución para evitar nuevas crisis políticas en el país.
"La Policía ha completado su interrogatorio, por lo que no hay necesidad de mantener a los sospechosos bajo custodia", ha explicado el juez encargado del caso, en un tribunal de Bangkok. Los activistas serán puestos en libertad este miércoles.
Cuando queda un mes para el referéndum, la junta ha adoptado una postura que los grupos de defensa de los Derechos Humanos denuncian por considerarla estricta, incluida la prohibición de hacer campaña a favor o en contra de la Carta Magna y de someter el texto a discusión pública.
Los siete activistas han sido acusados por incumplir la orden gubernamental contra las reuniones públicas y una ley que castiga con diez años de prisión a quien haga campaña sobre el referéndum constitucional.
"Votar no es un derecho", ha gritado Rangsiman Rome, uno de los activistas encarcelados dirigiéndose a los periodistas cuando salía de un furgón policial para entrar en el tribunal militar. Rangsiman y los otros seis activistas han llegado esposados al tribunal y sus simpatizantes les han recibido en la calle con pancartas.
"Terminen la represión, permitan la expresión", se podía leer en una de las pancartas. La organización no gubernamental Human Rights Watch envió en junio una carta al líder de la junta militar tailandesa, el general Prayuth Chan Ocha, en la que le reprochaba el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas han mostrado su preocupación por la situación en Tailandia tras más de una década de crisis política y por los golpes de Estado llevados a cabo por mandos militares.
Las Fuerzas Armadas tailandesas se han comprometido a celebrar elecciones en 2017, incluso en el caso de que la Carta Magna sea rechazada en el referéndum, lo que obligaría a reiniciar el proceso de elaboración, que ya ha sido anulado en una ocasión.
