MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Israel ha ordenado este jueves la evacuación y demolición de un importante asentamiento judío en el que residen alrededor de 50 familias en un plazo de dos años, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
El asentamiento de Amona fue construido en 1997 sobre un terreno de propiedad privada palestina ubicado cerca del asentamiento de Ofra y en 2006 sufrió el desmantelamiento de nueve estructuras permanentes.
En 2008, residentes palestinos solicitaron la demolición de la totalidad del asentamiento, considerado ilegal por las autoridades israelíes, que diferencian entre aquellos que cuentan con permisos y aquellos que no a pesar de que, según el Derecho Internacional, todos ellos son ilegales.
La petición palestina pasó por múltiples etapas y el Estado israelí decidió desmantelar el asentamiento antes de finales de 2012, si bien posteriormente dio marcha atrás y aseguró que únicamente demolería las estructuras sobre las que pesaran solicitudes individuales.
Por su parte, algunos de los residentes de Amona aseguraron haber comprado varias parcelas, si bien la Policía israelí determinó posteriormente que los documentos de propiedad habían sido falsificados.
Además, el presidente del Tribunal Supremo, Asher Grunis, ha afirmado en su fallo que el hecho de que parte de los terrenos pudieran haber sido comprados no afecta a la decisión del tribunal. "La compra de tierra no allana el camino para la construcción sin permisos", ha recalcado.
"Las estructuras fueron construidas en terrenos de propiedad privada y no hay posibilidad de autorizar su construcción, incluso de forma retroactiva", ha agregado. Así, ha insistido en que "se ha de actuar de forma decisiva para proteger la propiedad privada de los residentes que están bajo protección".
"La decisión de evacuación no ha sido tomada a la ligera. Las implicaciones de llevar a cabo la demolición serán duras y dolorosas para los residentes y sus familias, que establecieron un asentamiento comunal. Sin embargo, estas dificultades no pueden permitir que se valide una construcción ilegal", ha remachado.
