MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha exigido que los Derechos Humanos sean la "máxima prioridad" en el nuevo proceso político que vive Túnez "después de 23 años de atentados a las libertades", y ha reclamado que las fuerzas de seguridad dejen de ser un "intrumento de la represión".
"Mientras reine la incertidumbre política en Túnez el Gobierno debe hacer todo lo posible para proteger a los tunecinos de nuevas agresiones", declaró la direcora adjunta del Programa de Oriente Próximo y África del Norte de Amnistía Internacional, Hassiba Hadj Sahraoui.
"Después de 23 años de atentados a las libertades fundamentales, el nuevo Gobierno de coalición debe inscribir como máxima prioridad el respeto a los Derechos Humanos", prosiguió. "Antes que nada, debe restringir el poder de las fuerzas de seguridad, transformadas en un instrumento de represión", añadió.
"Reclamamos a las autoridades tunecinas que anulen las restricciones draconianas a la libertad de expresión, que violan especialmente los derechos de manifestación y de asociación", prosiguió la investigadora.
A juicio de Sahraoui, las medidas "inmediatas" del nuevo Gobierno deberían ser "la liberación de todos los presos de conciencia, incluido el periodista Fahem Boukadous", y la legalización de "todas las organizaciones independientes de la sociedad civil", añadió.
MUERTOS Y AMNISTÍA
Al menos 78 personas han fallecido a causa de los disturbios de las últimas semanas de protestas, según las últimas cifras oficiales. Como consecuencia del conflicto, el presidente Zine el Abidine Ben Alí renunció al cargo y abandonó precipitadamente el país el pasado viernes, después de 23 años de dictadura.
Como consecuencia de ello, el primer ministro, Mohamed Ghannouchi, anunció ayer lunes la composición de un nuevo Gobierno en el que, junto a algunos elementos de la 'vieja guardia' de Ben Alí, figuran varios dirigentes históricos de la oposición.
Aparte, Ghannouchi anunció que se pondría en libertad a todos los presos políticos mediante una ley de amnistía y que el nuevo Gobierno investigaría a cualquier persona sospechosa de corrupción o de haber amasado una fortuna bajo el régimen del depuesto presidente.
