La UE acuerda endurecer la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera de su territorio

   BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)

   Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han logrado este lunes un acuerdo sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo en la Unión Europea y que consolida la posibilidad de que los Estados miembro externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios --siguiendo el modelo que Italia pactó con Albania--.

   El acuerdo político ha llegado tras salvar el último escollo de la fecha de aplicación de la nueva norma, que la Eurocámara quería acelerar al próximo enero, pero para la que los Veintisiete querían dar un margen de doce meses desde su entrada en vigor.

   Finalmente, tras cerca de tres horas de negociación, los colegisladores han convenido que la mayoría de las disposiciones se aplicarán en un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor, aunque algunas como el aval a la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia europea de control de fronteras (Frontex) empezarán a aplicarse tan pronto como la nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE). Para que el reglamento pueda entrar en vigor, es necesario aún que tanto la Eurocámara como los Veintisiete den su visto bueno formal a lo acordado en los próximos meses.

   Fuentes de la negociación han confirmado a Europa Press que en las negociaciones también ha decaído el artículo 37 de la propuesta sobre la posibilidad de una cooperación administrativa con "entidades no reconocidas" y que, en la práctica, allanaba el camino a colaborar con el régimen talibán para la identificación y readmisión de afganos llegados a la UE.

   En todo caso, el nuevo reglamento establece la obligación para los demandantes de asilo de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue el asilo y prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga.

   Este plazo podrá incluso ampliarse seis meses más en caso de riesgo de fuga o de que exista una perspectiva razonable de expulsión, según han apuntado fuentes de la negociación a Europa Press. En la actualidad, sólo se contempla la opción de una detención de seis meses por riesgo de fuga u obstrucción a una expulsión ya decidida, con una posible prórroga de doce meses.

   Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque se apunta que debe ser una medida de "último recurso" y aplicada por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, la legislación no establece límites por debajo de los 24 meses generales.

   Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a la autoridades judiciales decidir sobre ello. También reconocen la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera.

   Asimismo, el nuevo reglamento introduce la Orden Europea de Retorno (ORE), un formulario en el que los Estados miembro deben consignar los elementos clave de la decisión de retorno. Con ello se quiere facilitar el reconocimiento mutuo en el futuro, ya que los Estados miembro dispondrán de la información necesaria para reconocer la decisión de retorno de otro Estado miembro.

   El reconocimiento mutuo de las decisiones de devolución seguirá siendo voluntario por el momento, según ha advertido el Consejo en un comunicado, y se revisará tres años después de la entrada en vigor del reglamento, momento en el que la Comisión podrá presentar una propuesta legislativa para que el reconocimiento mutuo sea obligatorio.

CENTROS DE DETENCIÓN

   La nueva norma, que sustituirá a una directiva adoptada hace casi dos décadas, consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo, con el objetivo de garantizar que estas personas estén fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda.

   De este modo, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconoce que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.

   En todo caso, estos modelos para los que se crea un nuevo encaje legal ya que hasta ahora no eran compatibles con el Derecho comunitario, no podrán ser destino al que sean transferidos los menores no acompañados. Dichos centros podrán servir como destino final o como centros de tránsito para facilitar el regreso al país de origen o a otro tercer país.

   "Desde hoy, la Unión Europea tiene una política migratoria más seria, ordenada y creíble", ha celebrado en un comunicado el presidente de la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior, el 'popular' Javier Zarzalejos, quien ha afirmado defender una gestión "ordenada, regular y vinculada al mercado laboral" de la migración, "frente a las vías irregulares y las regularizaciones masivas promovidas por el Gobierno de Sánchez".

   También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha aplaudido el acuerdo porque sostiene que "una política efectiva de migración y asilo debe ir acompañada de una política de retorno creíble". "El acuerdo de esta noche sobre el nuevo reglamento de retornos -que complementa el Pacto sobre Migración y Asilo- hará que el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la UE sea más rápido y más coherente en toda Europa", ha destacado la conservadora maltesa en un comunicado.

   El acuerdo ha sido duramente criticado por organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que ha alertado de que el resultado será "una legislación plagada de peligrosos vacíos" que dejará a los migrantes desprotegidos. "Lo más preocupante es que los gobiernos se han apresurado a reforzar los poderes de deportación sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, los abusos de poder y las violaciones de los Derechos Humanos", ha avisado la directora de política en la UE de IRC, Marta Welander.

   La eurodiputada que negoció por Los Verdes, Mélissa Camara, por su parte, ha tachado de "vergüenza" el resultado de las negociaciones y criticado que el acuerdo sea el resultado de una mayoría tejida entre el Partido Popular Europeo (PPE) y las fuerzas de ultraderecha.

   "Representa un retroceso histórico para los derechos fundamentales de las personas exiliadas. La legalización de centros de retorno fuera de la Unión Europea, la autorización para la detención de menores y las visitas domiciliarias inspiradas en las prácticas del ICE: el arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba está ahora completo", ha criticado Camara.