BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea abrió hoy un expediente contra la norma andaluza que restringe la apertura de grandes superficies comerciales al considerar que podría vulnerar la libertad de establecimiento consagrada en el Tratado.
La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. Las autoridades españolas tienen ahora un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones. Si estos argumentos no convencen al Ejecutivo comunitario, éste podría pedir oficialmente que se derogue la norma y, en última instancia, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La Comisión destacó que la normativa comercial de la comunidad autónoma de Andalucía se basa en la legislación española sobre comercio al por menor, que ya es objeto de otro procedimiento de infracción y por el cual Bruselas ya ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia.
Entre las disposiciones de la norma andaluza que más preocupan al Ejecutivo comunitario se encuentra la obligatoriedad de obtener una licencia comercial específica con anterioridad a la licencia municipal para la implantación y los traspasos de grandes establecimientos comerciales, a partir de 1000 metros cuadrados en algunos municipios.
Bruselas considera que los criterios utilizados para decidir sobre la concesión de esta licencia "no parecen suficientemente previsibles ni objetivos, pues dejan un margen de apreciación importante a las autoridades que expiden las licencias, al permitir incluso la participación indirecta en el proceso de decisión de representantes de los intereses económicos ya presentes, lo cual afecta a la seguridad jurídica de los operadores que desean implantarse en Andalucía".
Además, la Comisión denuncia que la normativa andaluza establece "un procedimiento especialmente complejo y restrictivo, que exige toda una serie de documentos de planificación, lo cual refuerza las dificultades para el establecimiento de grandes superficies comerciales que desean implantarse en la Comunidad Autónoma de Andalucía".
En segundo lugar, Andalucía ha introducido un "procedimiento flexibilizado" para dar la licencia comercial a determinados establecimientos de descuento y liquidación de restos de fábrica con una superficie mínima de 400 metros cuadrados, pero sin sobrepasar los umbrales para los grandes operadores. Bruselas cree que esto perjudica especialmente a los operadores de otros Estados miembros.
Por último, la Comisión censura que la normativa aplica un impuesto sobre la concesión de licencias que ha de pagarse con anterioridad a la presentación de la solicitud.
