BRUSELAS, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea advirtió hoy de que podría abrir un nuevo expediente contra España por negarse a retirar las condiciones impuestas a la alemana E.ON para adquirir Endesa y dio por hecho que, si el Gobierno no rectifica su postura, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El ministerio de Industria ha respondido este viernes a Bruselas que mantendrá estos requisitos, que el Ejecutivo comunitario considera ilegales.
El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, explicó que "la obligación del Gobierno español no era responder o enviarnos una carta, el requisito que impusimos era garantizar que las condiciones que declaramos ilegales en nuestra decisión del 20 de diciembre se retiraran como muy tarde hoy". Las condiciones eran las impuestas por el ministerio de Industria el pasado 3 de noviembre en respuesta a las alegaciones presentadas contra los requisitos iniciales de la Comisión Nacional de la Energía.
"Si las medidas no se retiran, tenemos la opción de abrir un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por no respetar la legislación comunitaria", señaló el portavoz, que no quiso hablar de plazos ni dar más detalles concretos, alegando que el Ejecutivo comunitario todavía no ha recibido formalmente la respuesta de España.
En todo caso, admitió que si el Gobierno español "se mantiene en sus trece" el caso acabará ante el Tribunal de Justicia. "La ventaja de las sentencias del Tribunal de Justicia es que establecen una jurisprudencia clara para el futuro", afirmó.
Todd insistió en que el Ejecutivo comunitario "tiene la obligación de defender la legislación comunitaria". "Es la Comisión Europea, sujeta al control del Tribunal de Justicia, la que decide si se está respetando o no la normativa europea", añadió.
Recordó finalmente el compromiso de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, de "garantizar que las empresas europeas pueden operar en un terreno de juego igual para todas para beneficio de los consumidores, compañías y la economía en su conjunto", y advirtió que este caso podría perjudicar a las empresas españolas que actúen en otros países de la UE.
"Si un estado miembro actúa con desprecio de la legislación comunitaria no puede esperar que otros Estados miembros la respeten", concluyó.
