BRUSELAS, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea acordó hoy enviar a España un nuevo dictamen motivado para que cumpla de manera inmediata una sentencia dictada en 2005 por el Tribunal de Justicia Europeo sobre la adjudicación de contratos de prestación de servicios sanitarios relativos a las terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida.
De no recibir respuesta alguna en un plazo de dos meses, la Comisión podría trasladar el caso al Tribunal de Justicia. Al tratarse del segundo procedimiento de infracción sobre un tema que ya ha sido juzgado, la Comisión podría pedir al tribunal de Luxemburgo la imposición de multas al final del procedimiento.
En 2005, el Tribunal dictaminó que España había violado la libre prestación de servicios debido a la inclusión de numerosos requisitos en la adjudicación de servicios sanitarios. Las autoridades españolas exigen a las empresas licitadoras disponer en el momento de presentación de la oferta de una oficina abierta al público en la provincia en la que debe prestarse el servicio o en su capital.
Atribuyen también puntos adicionales a las empresas licitadoras que en el momento de presentar su oferta tengan instalaciones de acondicionamiento y embotellado de oxígeno ubicadas en España o a menos de 1.000 kilómetros de la provincia de que se trate. Además, en caso de empate entre dos o más ofertas, se favorece a la empresa que haya prestado anteriormente el servicio.
España alegó en su momento que para evitar la interrupción de los servicios las autoridades contratantes no podían anularlos sin organizar previamente un procedimiento de licitación y adjudicar un nuevo contrato. La Comisión consideró que organizar una nueva licitación sería una buena manera de acatar la sentencia, siempre y cuando se hiciera lo más rápidamente posible tras la decisión del Tribunal para que los contratos existentes pudieran ser rescindidos.
No obstante, más de un año y medio después de la sentencia, tres de los cinco contratos examinados por el Tribunal aún no han sido sometidos a un nuevo procedimiento de licitación. La convocatoria de licitación para uno de ellos se publicó hace casi un año, pero no parece haberse adoptado ninguna decisión adjudicatoria al respecto. El Ejecutivo comunitario estima que esta demora es incompatible con lo que estipula el Tratado.
