Revisará en un año la legislación de los 25 con respecto a los empleados de otros Estados miembros
BRUSELAS, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea presentará el próximo martes una comunicación sobre el régimen laboral de los trabajadores europeos desplazados temporalmente para ofrecer un servicio en otro Estado miembro y abrirá un periodo de un año en el que quiere asegurarse de que los países de la UE cumplen la ley que les obliga a otorgarles similares derechos laborales que a sus propios ciudadanos.
Fuentes de la Comisión explicaron hoy que no se trata de un nuevo instrumento legislativo, puesto que Bruselas considera que la directiva sobre trabajadores desplazados de 1996 continúa estando en vigor, sino un documento adicional que servirá para evaluar el cumplimiento de la norma ya existente y, si procede, decidir posteriormente si presentar una propuesta de ley alternativa.
Según la ley existente, el Estado miembro que recibe temporalmente a un trabajador de otro país de la UE está obligado a aplicarle "las disposiciones protectoras mínimas" en vigor para sus propios ciudadanos. Insiste en que a estos trabajadores "se les debe asegurar, durante el periodo del desplazamiento, que se beneficiarán de las condiciones de trabajo en vigor en el Estado miembro de acogida".
Entre los aspectos concretos que se recogen en esta directiva figura el respeto a los periodos máximos de trabajo y los mínimos de descanso, la duración mínima de vacaciones anuales pagadas, el salario mínimo, la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo o las condiciones de trabajo que han de aplicarse a mujeres embarazadas o por periodo de maternidad.
La Comisión Europea sostiene que la ley del 1996 que contempla estos aspectos continúa perfectamente en vigor, incluso después de la ampliación de la UE a 10 nuevos Estados miembros. No obstante, el Ejecutivo comunitario constata "falta de una adecuada aplicación", por lo que antes de plantearse presentar una nueva propuesta legislativa establecerá un plazo de 12 meses para aclarar con los países de la UE "qué es admisible y qué no".
En este tiempo, la Comisión comprobará "qué han hecho los Estados miembros, dónde están los problemas y cómo tratar de solucionarlos", dijo la fuente que agregó que los 12 meses permitirán sacar una conclusión "sobre la situación en los Estados miembros, sobre si necesitan medios de reacción de la Comisión que sean más coercitivos".
A pesar de este plazo las fuentes señalaron, sin embargo, que la Comisión no renuncia a su capacidad de emprender medidas legales contra un socio comunitario por no cumplir la ley, aunque antes de ello considera oportuno que todos conozcan exactamente lo que tienen que hacer.
CRITERIOS PARA MEJORAR
Para ello, la comunicación que presentará el martes el Ejecutivo comunitario busca ofrecer unas "directrices" a los Estados miembros sobre los "criterios administrativos" que tienen que seguir por lo que respecta a los trabajadores desplazados.
En segundo lugar, quiere mejorar la "cooperación administrativa" entre los países, un aspecto en el que también ha constato irregularidades. Consiste, por ejemplo, en el hecho de que una empresa prestadora de servicios en otro país que quiera desplazar a uno de sus trabajadores pueda disponer de los criterios del país de acogida en su propio idioma.
En tercer y último lugar, el periodo de revisión que se abrirá con la presentación de la comunicación tratará de ofrecerá "remedios" en los casos en los que los Estados miembros no cumplan la directiva.
Esta iniciativa quiere conjugar los principios consagrados en el Tratado de la UE de la libre prestación de servicios y la libertad de movimiento de trabajadores, aspecto éste que las fuentes recordaron hoy que se aplica a los 25 países de la UE. Las únicas excepciones se dan en Alemania y Austria que en 2003 acordaron su derecho a poder restringir -en algunos sectores concretos y estudiando caso por caso- la entrada de trabajadores temporales de los nuevos Estados miembros.
Por este motivo, Bruselas también quiere revisar las prácticas de los Gobiernos por lo que respecta a la documentación que aportan los países de origen sobre sus trabajadores a los países de acogida. Las fuentes apuntaron que estos documentos son para "informar" o "advertir" de la llegada de estos trabajadores, pero en ningún caso para pedir autorización al país de acogida que, salvo Alemania y Austria, no puede negarse a ello.
DIRECTIVA DE SERVICIOS
Las fuentes apuntaron la coincidencia de la presentación de esta comunicación con la que hará el mismo día el comisario de Mercado Interior, Charles McCreevy, presentará a la Eurocámara una propuesta alternativa sobre la polémica Directiva de Servicios que se basará en el voto del Parlamento europeo que el pasado mes de febrero introdujo notables variaciones con respecto al texto elaborado por el anterior comisario, Frits Bolkestain, el pasado mes de febrero.
Precisamente, la Eurocámara logró eliminar dos artículos de la propuesta originaria relativos a las condiciones de los trabajadores desplazados que dictaban justo lo contrario de lo que dispone la Directiva sobre los Trabajadores Desplazados.
Uno de los artículos eliminados indicaba que sería el país de origen el encargado de garantizar al trabajador el pleno cumplimiento de las garantías sociales y laborales. Asimismo, la Eurocámara desechó una disposición que obligaba al país de origen a facilitar documentación del trabajador al país de acogida y reconocía a este segundo la posibilidad de decretar sanciones contra el primero en caso contrario.
