BRUSELAS, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea inició hoy un procedimiento de infracción contra España debido a que a día de hoy existe "un gran número" de vertederos ilegales a pesar de la directiva comunitaria que los prohíbe. En la carta de emplazamiento con la que dio inicio al expediente, Bruselas insta al Gobierno a que los "clausure y descontamine a la mayor brevedad".
Según explicó en un comunicado, Bruselas "invita" con esta carta de emplazamiento a que España "aplique rápidamente" en todo su territorio la directiva comunitaria sobre vertederos, en virtud de la cual los Estados miembros "deben prevenir o atenuar los efectos negativos de los vertederos en el medio ambiente global". Para ello, la norma europea impone una serie de requisitos, entre los que se encuentra "la prohibición de verter ciertos tipos de residuos".
Bruselas recuerda que el Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-20006 de España concluyó que existen "cerca de 3.700 vertederos ilegales" en todo el país. Aunque reconoce que "España ha adoptado medidas para luchar contra esta situación", añade que, aún así, "un gran número de vertederos ilegales siguen abiertos a día de hoy".
Por este motivo, envió una carta de emplazamiento en la que "la Comisión insta a las autoridades españolas a clausurar y descontaminar a la mayor brevedad estos vertederos ilegales, con objeto de que dejen de constituir una amenaza para el medio ambiente".
Éste es el primer paso de un procedimiento de infracción con el que la Comisión da la oportunidad al Estado miembro afectado a explicarse y proponer soluciones, en un plazo normalmente de dos meses.
Si después de este tipo Bruselas considera que no la respuesta no es satisfactoria, puede enviar un "dictamen motivado", en el que se refiere concretamente a cuáles son los motivos por los que considera que se ha infringido el derecho de la UE e insta al Estado miembros a remediar esta situación en un plazo que también suele ser de dos meses.
Transcurrido este periodo y si la Comisión estima que el Estado miembro no cumple aún con lo exigido en el dictamen motivado, puede decidir denunciarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
