BRUSELAS, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español quiere que haya un acuerdo sobre la directiva de retorno pero no a cualquier precio, según declaró hoy el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido. "No cabe duda de nuestro interés por que haya un acuerdo final", explicó, pero "si no se establecen unas garantías o máximos de tiempo de internamiento (para el inmigrante en situación irregular), esta directiva carecería de sentido".
López Garrido hizo estas declaraciones a la entrada de una reunión en Bruselas con sus homólogos belga, Olivier Chastel, y húngaro, Gabor Ivan, para preparar el 'trío' de presidencias europeas que ostentarán estos tres países entre enero de 2010 y junio de 2011.
El secretario de Estado español destacó que el objetivo de la nueva norma sobre los procedimientos de repatriación de los inmigrantes irregulares en la Unión Europea deberá cumplir un doble objetivo, el de una regularización "homogénea" y el de ofrecer unas "garantías mínimas en relación con la expulsión".
Según afirmó López Garrido, el Gobierno español "desea" que la inmigración "que exista en Europa sea una inmigración legal". "Queremos alentar la inmigración legal y desalentar la ilegal", continuó. Por ello, el mensaje que debe lanzar la directiva --sobre la que los Veintisiete aún no han logrado un acuerdo-- es que el "inmigrante que está en situación ilegal en un país europeo tiene un destino, el retorno".
No obstante, López Garrido señaló que el interés por una política de inmigración común va ligado a que se cumplan "todas las garantías", "respetando los derechos nacionales y con supervisión judicial". En este sentido, apuntó la posición española defiende que "todo lo que tiene que ver con la detención de una persona, con la falta de libertad de una persona, necesita una supervisión judicial". "Nuestro sistema constitucional no nos permitiría otra cosa", remachó.
El secretario de Estado insistió en la necesidad de que se establezcan "límites" al periodo de tiempo que un inmigrante en situación de ilegalidad en la Unión Europea "puede estar internado", aunque se trate de fijar mínimos y máximos que permitan "flexibilidad" a los Estado miembros.
En referencia a la situación concreta de los inmigrantes menores de edad no acompañados, otro de los puntos polémicos de la directiva, López Garrido afirmó que la existencia de centros "especiales" para albergar a estos menores es el resultado de "una medida protectora y no represora" y por ello abogó por que "se regule su estancia". De cualquier modo, dijo, la prioridad debe ser "el interés del niño" que "predomina por encima de cualquier otra consideración".
