La rebaja de la deuda española y los problemas de Portugal aumentan la presión para flexibilizar el fondo de rescate
BRUSELAS, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona aprobarán este viernes un nuevo Pacto por el Euro, que recoge los ajustes económicos adicionales exigidos por la canciller alemana, Ángela Merkel, a cambio de reforzar el fondo de rescate para los países con problemas de deuda. El Pacto obliga a los países de la eurozona a retrasar la edad de jubilación, ajustar los salarios a la productividad y también introducir límites al déficit en la Constitución o la ley, entre otras medidas.
La rebaja de la nota de la deuda de España por parte de Moody's y el agravamiento de los problemas de Portugal, han aumentado la presión sobre esta cumbre extraordinaria del Eurogrupo. De momento no está previsto aprobar un rescate para Lisboa similar al de Grecia e Irlanda, pero no se descarta que sea necesario en las próximas semanas si persiste la presión de los mercados, explicaron fuentes europeas.
Pero los líderes europeos presionarán a Alemania para que dé alguna señal de que acepta flexibilizar el fondo de 750.000 millones de euros, de forma que pueda dedicarse a comprar deuda y a dar líneas de crédito preventivas.
El presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, quiere que los jefes de Estado y de Gobierno aprueben una declaración con "indicaciones precisas" para flexibilizar el fondo y también para rebajar el tipo de interés que pagan Atenas (5,2%) y Dublín (5,8%) por sus respectivos rescates. El objetivo es desbloquear las negociaciones entre los ministros de Economía, atascadas por la resistencia de Alemania y otros países como Austria o Países Bajos.
Al mismo tiempo se quiere dar una señal a los mercados de que la Eurozona será capaz de pactar una respuesta global a la crisis del euro en la cumbre del 24 y 25 de marzo, tal y como prometieron los líderes europeos. En ese Consejo Europeo debería aprobarse el fondo de rescate.
También durante esa reunión, o como muy tarde en la cumbre de junio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, deberá anunciar nuevas medidas para mejorar la competitividad de la economía española de entre las que están recogidas en el Pacto por el Euro. Además, Zapatero y el resto de líderes del euro deberán comprometerse a llevar a cabo estas reformas en un plazo máximo de 12 meses.
Representantes de los países de la eurozona debatieron el pasado martes la última versión del Pacto promovido por Merkel, que ha perdido su denominación original de Pacto de Competitividad. Los Estados miembros constataron que están "prácticamente de acuerdo" con su contenido tras haber sido suavizado por Van Rompuy.
Una vez aprobado, cada país de la eurozona debe elegir alguna de las medidas concretas que incluye el Pacto y comprometerse a aplicarlas en un plazo de un año.
España ya ha llevado a cabo dos de las reformas previstas, la laboral y la de las pensiones. Otras medidas prioritarias previstas son reforzar el vínculo entre salarios y productividad, "ajustando" los mecanismos de indexación y descentralizando la negociación colectiva; y fijar por ley o la Constitución límites al déficit.
Zapatero ya se ha mostrado dispuesto a llevar a cabo la segunda de las reformas. En cuanto a los salarios, el Gobierno insiste en que la cuestión de la indexación debe dilucidarse en la negociación entre patronal y sindicatos. El Ejecutivo ha dado de plazo hasta el 19 de marzo a los interlocutores sociales para que lleguen a un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva o de lo contrario legislará.
El menú del Pacto de Competitividad incluye además medidas para mejorar los sistemas educativos, suprimir restricciones injustificadas en el comercio o los servicios profesionales o reducir las cotizaciones sociales y compensar la reducción de ingresos aumentando el IVA.
Otras iniciativas exigidas por Merkel deben adoptarse a escala comunitaria, como la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades -para lo cual Bruselas presentará una propuesta legislativa el 16 de marzo- o la creación de un sistema europeo de quiebra ordenada de bancos.
