BRUSELAS, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los Veintiocho y la Eurocámara han llegado a un acuerdo para obligar a los importadores de minerales a la Unión Europea a actuar de forma "responsable" y controlar que no están comerciando con los llamados "diamantes de sangre", que contribuyen a financiar conflictos y las guerras en África, en el marco de las negociaciones conocidas como trílogos con la Comisión Europea.
La Eurocáma ha logrado que la "diligencia debida" sea "obligatoria" para los importadores al mercado europeo de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro procedentes de zonas de conflicto o de riesgo --para fabricar bienes de consumo como ordenadores, teléfonos móviles y joyas-- y únicamente las pequeñas empresas europeas estarán exentas de este requisito, por ejemplo dentistas y empresas de metales reciclados.
Los eurodiputados reclamaron hace meses un sistema de certificación obligatorio para las empresas importadoras para garantizar que no incentivan conflictos ni abusos de los Derechos Humanos en zonas de conflicto, endurecido así considerablemente la propuesta legislativa de la Comisión Europea que se limitaba a plantear un sistema de auto certificación.
La llamada "diligencia debida" también será obligatoria para las refinerías y los centros de fundición, que son el último eslabón de la cadena de suministro en las que se puede rastrear el origen de los minerales.
Las grandes empresas de más de 500 empleados en la UE que utilizan estaño, tantalio, wolframio y oro en la producción de bienes de consumo en la industria automovilística, electrónica, aeroespacial, para empaquetado, construcción, iluminación, maquinaria y herramientas, así como en joyería, tendrán que informar de las medidas que toman para identificar y abordar los riesgos detectados en sus cadenas de suministro de dichos minerales y metales y la Comisión Europea creará un registro de las mismas y elaborará indicadores para guiar a las empresas.
Los Gobiernos europeos serán los responsables de garantizar el cumplimiento de las normas por parte de las compañías y también para determinar los castigos que se impondrán para las incumplidoras, mientras que la Comisión Europea también será responsable de vigilar por su cumplimiento.
"Hemos tenido éxito para introducir medidas obligatorias en lugar de un sistema voluntario, un gran éxito logrado por el Parlamento Europeo", ha explicado el presidente de la Comisión de Comercio de la Eurocámara, el eurodiputado socialista alemán, Bernd Lange, que ha incidido en la necesidad de "romper de una vez por todas el círculo vicioso entre el comercio de minerales y la financiación de conflicto".
"Hoy marca un camino importante para lograr este objetivo", ha defendido, mientras que el eurodiputado responsable de la propuesta, el eurodiputado popular rumano, Iuliu Winkler, ha defendido el acuerdo de los colegisladores como "una base excelente para continuar el trabajo hacia una reglamentación eficaz y practicable, que sirva a los intereses de las personas y las comunidades atrapadas en la guerra y el conflicto".
La comisaria de Comercio, Cecilia Malsmtröm, ha confiado en que el acuerdo "político" ayudará a que "el comercio trabaje para la paz y la prosperidad", mientras que la ministra de Comercio holandesa, Lilianne Ploumen, cuyo país ostenta la Presidencia semestral de la UE hasta finales de junio, ha asegurado que "la UE está comprometida en prevenir que el comercio internacional de minerales financie a señores de la guerra, criminales y a quienes abusan de los Derechos Humanos".
La responsable de Amnistía Internacional en Europa, Iverna McGowan, ha lamentado que el acuerdo supone "un medio intento de atajar el comercio de minerales de sangre" pero ha criticado que las compañías importadoras apenas estarán sujetas a "controles básicos". "Los inversores y consumidores de la UE seguirán sin tener certidumbre de si las compañías con las que comercian se están comportando de forma responsable. Esta ley cambiará muy poco", ha advertido.
La normativa se aprobará previsiblemente "en los próximos meses" una vez se haya concluido el trabajo sobre los detalles técnicos, por lo que no se descarta que hagan falta más negociaciones entre los colegisladores, bajo la Presidencia eslovaca, que arranca el 1 de julio.
