Sólo el PP vota en contra por considerar que el objetivo del texto es desgastar al Gobierno de la Comunidad Valenciana
BRUSELAS, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hoy con el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular el informe que denuncia los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería y reclama que se creen comisiones independientes para mediar en disputas sobre proyectos de urbanización y que se compense adecuadamente a los propietarios perjudicados. En total, 15 eurodiputados votaron a favor y 3 en contra.
El PP votó 'no' después de que el presidente de la comisión y coautor del informe, Marcin Libicki, rechazara su petición de retrasar la votación para poder presentar nuevas enmiendas a un texto "con el que básicamente estamos bastante de acuerdo", según dijo el eurodiputado, Luis Herrero. Más duro se mostró el parlamentario popular Carlos Iturgáiz, que rechazó de plano el informe al considerar que su único objetivo es "intentar desgastar al Gobierno del PP en Valencia".
El informe ha sido elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Es el tercero que denuncia abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana desde el año 2003 y el primero que habla de otras regiones.
El otro ponente del texto, el laborista británico Michael Cahsman, hizo traer a la sala donde se celebraba la reunión de la comisión de Peticiones dos grandes baúles que contenían las "15.000 peticiones" recibidas de ciudadanos europeos por abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana para demostrar que no son "una invención" como sostiene el Gobierno valenciano. Asimismo, explicó que siguen llegando denuncias y que durante su visita le entregaron otras 60 que "describen los desproporcionados sueños urbanos de los urbanizadores que se han convertido en pesadillas para los ciudadanos".
Cashman destacó que "la aplicación de las leyes urbanísticas que rigen los derechos de las personas sobre sus propiedades legítimamente adquirida sigue siendo problemática en varias comunidades autónomas españolas". "Los residentes locales, sean o no españoles, son los más afectados por estos programas de urbanización y son los que tienen más que perder", señaló.
Estos problemas "son más comunes en la región de Valencia que en ningún otro lugar", prosiguió el coautor del informe, que señaló que precisamente los representantes de esta comunidad autónoma fueron los que recibieron a la misión de la Eurocámara "con más arrogancia y con menos explicaciones sobre los proyectos de urbanización que han llevado a la destrucción de muchas áreas costeras", y tuvo duras críticas contra el conseller valenciano de Territorio, Esteban González Pons por el desprecio mostrado hacia la delegación.
"A juicio de la delegación, no hay ninguna duda de que hay una clara falta de respeto de los derechos fundamentales sobre propiedad de los ciudadanos europeos en muchas partes de España, y en particular en la región de Valencia", concluyó el eurodiputado laborista británico.
Por todo ello, la comisión de Peticiones reclama a las autoridades españoles y a los Gobiernos regionales, especialmente el de la Comunidad Valenciana, que "reconozcan el derecho legítimo de las personas a su propiedad legítimamente adquirida" y que definan de manera precisa el "interés general" que puede justificar una apropiación.
También pide la creación de comisiones especiales, con la participación de los defensores del pueblo regionales, que tengan un poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos de urbanización, y a los que puedan acceder de manera gratuita los afectados. Finalmente concluye que, cuando haya que otorgar una compensación por la pérdida de propiedad, se haga a un nivel adecuado que se ajuste a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
