Un informe consultivo pide incrementar en 37,5 millones la ayuda a los cítricos en España
BRUSELAS, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo aprobó hoy un informe sobre la reforma de las frutas y hortalizas en la UE que reclama un periodo transitorio para eliminar las ayudas a la transformación así como la creación de una línea presupuestaria independiente de las organizaciones de productores para hacer frente a las crisis del sector y de un observatorio de precios para prevenir abusos por parte de las grandes cadenas de distribución.
La comisión parlamentaria adoptó por una extensa mayoría un informe de consulta que se votará en el Pleno de la Eurocámara el 7 de junio y que, aunque sin efectos vinculantes, espera poder influir en la reforma de esta organización común del mercado (OCM) que los Estados miembros tienen previsto acordar antes del verano.
Su ponente, la socialista española Isabel Salinas, subrayó el gran apoyo que recibió en la comisión el informe sobre la reforma de un sector que aglutina 40 productos distintos. Afirmó que con este documento "el Parlamento le ha dado hoy una señal a la Comisión que espero que (la comisaria de Agricultura, Mariann) Fischer Boel tenga la voluntad de aceptar, puesta aún hay tiempo de mejorar el reglamento a favor de los consumidores y de una mayor competitividad del sector".
Entre los aspectos más destacados que contiene el informe que difieren con la propuesta legislativa de la Comisión Europea figura la reclamación de un periodo transitorio antes de la desaparición total de las ayudas destinadas a la transformación. El informe pide una mayor flexibilidad en el desacople de las ayudas a la producción para permitir al sector un periodo de adaptación.
En concreto, se recomienda que se deje que sean los países productores los que tomen la decisión sobre la fijación de ese periodo transitorio. Afectará, en particular, a productos como tomates y cítricos.
En relación a los cítricos, la comisión parlamentaria aceptó una enmienda presentada por el PP para incrementar el 37,5 millones de euros las ayudas destinadas a estas frutas en España, elevando la cantidad total de ayudas a las frutas y verduras a 4.868,3 millones en 2008; 4.875,8 en 2009 y 4.877,7 en 2010 y siguientes.
La explicación es que así se daría "un reparto más equitativo de las ayudas a los cítricos entre los distintos Estados miembros productores". Considera que la propuesta de la Comisión "discrimina a los productores mejor orientados al mercado" y estima que es "necesario establecer una redistribución más justa de los fondos dedicados a la industrialización de aquellos productos, como los cítricos, con una doble aptitud".
También el PP logró el consenso sobre una enmienda que prevé una ayuda a la superficie para el ajo que establecerá la Comisión en base al reparto que se hará en función de las distintas áreas de cultivo de los países de la UE.
Los tomates también deberán disfrutar, según el informe parlamentario, de una transición hasta el abandono definitivo de las ayudas que, según una enmienda aceptada este martes, consistirá en que hasta 2013 se dará una ayuda a la superficie correspondiente al 50% de los límites máximos nacionales.
Asimismo, los eurodiputados se mostraron conscientes de las dificultades por las que pasan las frutas rojas en los países del este y del centro de Europa, por lo que solicitan una ayuda específica a la hectárea para fresas, frambuesas, cerezas y grosellas similar a las subvenciones destinadas a las frutas de hueso. En concreto, se propone 120,75 euros por hectárea para una superficie máxima de 165.000 hectáreas. Esta medida costaría 20 millones de euros anuales al presupuesto comunitario.
Por otra parte, el informe admite que las tierras de pago único puedan utilizarse para el cultivo, de manera alternativa, de lúpulo, olivos y plátanos, pero añade que se aplace esta disposición a la espera de un informe de impacto de la Comisión Europea sobre las consecuencias de esta práctica, tal y como reclamó el Tribunal de Justicia de la UE.
FONDO DE SEGURIDAD ANTE CRISIS
El informe incluye también la creación de un fondo de seguridad para la gestión de crisis que no contempla la propuesta de la Comisión, que delega estos mecanismos en las propias organizaciones de productores (OP), de manera que para beneficiarse de ellos los agricultores tengan que formar parte de ellas.
La propuesta parlamentaria consiste en crear una línea presupuestaria independiente de los fondos operativos de las OP que servirán para gestionar situaciones excepcionales, por ejemplo, una caída de precios. Según el documento, los Estados miembros podrán financiarlo en dos tercios por la UE, mientras que el tercio restante correrá a cargo de las OP.
Este fondo financiará acciones como las retiradas, la cosecha en verde o seguro de renta. También como novedad, podrán acogerse a él todos los agricultores, no solo los que estén afiliados a una OP.
Otro elemento nuevo que la Comisión descartó en su propuesta y que sí contempla la comisión parlamentaria es la creación de un observatorio de precios para prevenir posibles crisis.
Uno de los objetivos que tiene la reforma para el Ejecutivo comunitario es reforzar el asociacionismo entre los productores, de manera que puedan luchar contra las condiciones que les imponen las grandes distribuidoras. También para ello, el informe parlamentario reclamó hoy elevar la cofinanciación de los fondos operativos hasta una proporción del 50-60 para la mayoría de los casos y aumentar el techo de ayuda comunitaria que podrán recibir las OP, de manera que se pase del actual 4,1% al 6% de la producción comercializada.
Por lo que respecta al comercio exterior, el informe solicita reforzar la eficacia de los controles de las importaciones desde países terceros, así como contemplar la activación de una cláusula de salvaguarda especial en caso de una competencia excesiva de las importaciones.
Se mantiene la opción de aprobar restituciones a la exportación en el sector hortofrutícola hasta que la Organización Mundial del Comercio (OMC) no adopte definitivamente la decisión de eliminarlas en 2013 que acordó en diciembre de 2005 en Hong Kong y pide una "mayor coordinación" dentro de la UE en las negociaciones sobre aspectos fitosanitarios con países terceros.
