BRUSELAS, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo debatirá de nuevo el próximo martes 19 de junio las denuncias de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Los dos eurodiputados que participaron en la misión que visitó España a finales de febrero para investigar estas denuncias --el conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman-- formularán ese día una pregunta oral a la Comisión y a la presidencia alemana de la UE para que expliquen qué piensan hacer para garantizar que se aplique la legislación comunitaria y se respeten los derechos fundamentales en los proyectos de urbanización.
En la pregunta oral, a la que tuvo acceso Europa Press, los dos eurodiputados señalan que los proyectos de "urbanización masiva" de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, "conculcaran gravemente los derechos fundamentales de miles de ciudadanos europeos con respecto a sus propiedades adquiridas legítimamente", tal y como puso de relieve el informe sobre los abusos del urbanismo español que redactaron ellos mismos tras su visita y aprobó la comisión de Peticiones de la Eurocámara el pasado 11 de abril.
También denuncian que en estos proyectos de urbanización "no se cumplen las directivas europeas sobre contratación pública, se pone en peligro el suministro de agua y el cumplimiento de las directivas europeas sobre la gestión del agua y con frecuencia se hace caso omiso de las directivas de protección de la biodiversidad y el medio ambiente".
Libicki y Cashman recuerdan finalmente que el 13 de diciembre de 2005 el propio Parlamento Europeo ya aprobó por "mayoría abrumadora" una resolución sobre este problema referida a la Comunidad Valenciana, "la región en la que se dan los casos más graves".
Tras la pregunta oral de los dos eurodiputados intervendrán un representante de la Comisión y otro de la presidencia alemana y a continuación se celebrará un pequeño debate. Al día siguiente, miércoles 20 de junio, el pleno votará una resolución sobre este problema sin carácter vinculante, según informaron fuentes parlamentarias.
