BRUSELAS, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Gobiernos de la Unión Europea han respaldado pedir consultas a Burundi en base al artículo 96 del Acuerdo de Cotonou por no respetar los principios democráticos y los Derechos Humanos en el marco de la crisis política, con el objetivo de encontrar "soluciones aceptables" para remediar esta situación y tras constatar que "la situación en Burundi se ha deteriorado en el vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales en junio y julio".
Los Veintiocho impusieron el pasado 1 de octubre sanciones --congelaron los activos y prohibieron la entrada-- al jefe de gabinete de la administración presidencial responsable de la Policía Nacional de Burundi, Gervais Ndirakobuca, al antiguo responsable de las misiones de la Presidencia y general en la reserva golpista, Léonard Ngendakumana, al agente de Inteligencia Mathias Niyonzima, y al director general adjunto de la Policía Nacional, Godefroid Bizimana, por socavar la democracia y obstruir los esfuerzos para lograr una solución política" en Burundi.
A pesar de las sanciones, Los Veintiocho han constatado que "la falta de progresos en la búsqueda de una solución política a la crisis ha llevado a un aumento de la violencia", para justificar las consultas en base al artículo 96 del Acuerdo de Cotonou, que permite mantenerlas en caso de que no se respeten "elementos esenciales" del acuerdo en materia de Derechos Humanos, principios democráticos y el Estado de Derecho.
"El objetivo de estas consultas es encontrar una solución aceptable para las partes a través de la identificación de medidas a tomar, a fin de remediar el no respeto del acuerdo", afirma la UE en un comunicado, en el que confirma que ha propuesto celebrar las consultas en Bruselas, en una fecha pendiente de acordar con las autoridades burundeses.
Burundi ha estado sacudido por la inestabilidad y episodios esporádicos de violencia desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, anunció en abril que se presentaría a un tercer mandato en las elecciones, desatando las críticas de la oposición. El mandatario juró su cargo en agosto tras vencer unos comicios boicoteado por sus opositores. Más de 120 personas han muerto y cerca de 200.000 han huido a los países vecinos.
La apertura del periodo de consultación en virtud del Acuerdo de Cotonou que rige las relaciones bilaterales entre la UE y los países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP) "forma parte de la acción de la UE en apoyo a los esfuerzos de la comunidad internacional y en particular de la Comunidad del Este de África y de la Unión Africana, para lograr una solución política durable a través de un diálogo entre burundeses incluyente", han explicado la UE en un comunicado.
Los Veintiocho reclaman que "todas las partes comprometidas en apoyar un proceso político, ya sea dentro como fuera del país" deben poder participar y dejan claro que es "esencial" que dicho diálogo comience "lo antes posible en Kampala o en Addis Abeba", en línea con los principios del acuerdo de paz de Arusha.
El artículo 96 del Acuerdo de Cotonou ofrece la base legal de cara a suspender el acuerdo en el caso de que una de las dos partes considere que los elementos fundamentales no se han respetado tras un periodo de consultas, que debe comenzar a los 30 días desde que una parte las solicita, tras un periodo de diálogo intensificado previo en base al artículo 8 del acuerdo.
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha avisado de que la situación en Burundi "sigue siendo muy preocupante" y las consultas "deben también contribuir a los esfuerzos de la Unión Africana y la región para lanzar un diálogo entre burundeses para encontrar una solución consensuada" a la crisis, "la única manera de preservar la paz y consolidar la democracia".
