CARACAS, 3 Nov. (EP/AP) -
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Robero Hernández, dice que el proyecto de reforma constitucional que amplía los poderes del presidente Hugo Chávez y podría permitirle gobernar indefinidamente al eliminar los limites de reelección es una "transición al socialismo" y calificó a los que se oponen a la reforma de "traidores".
De ratificarse en un referendo, la reforma entregaría la potestad de reordenar la estructura geopolítica de Venezuela al presidente, quien podría nombrar a las autoridades de los nuevos territorios creados.
"Estamos sancionando una constitución de transición al socialismo, estamos en un momento en que nos definimos con las transformaciones revolucionarias. La conciliación es la muerte, son patriotas los que la apoyan toda y traidores los que critican sus detalles", dijo Roberto Hernández, diputado oficialista y vicepresidente de la Asamblea.
La reforma, que fue aprobada por mayoría cualificada de 167 legisladores a favor y siete abstenciones, amenaza con generar una nueva ola de agitación política en esta nación profundamente dividida sobre el mandato de Chávez.
Se aprobó la modificación de 69 de los 350 artículos de la Constitución actual. El texto fue entregado a las autoridades electorales que deben organizar una consulta popular el 2 de diciembre para ratificar las modificaciones con la mayoría simple de votos en tal sentido. La enmienda es una incógnita para la mayoría de los venezolanos, pues la Asamblea no divulgó los textos mientras aprobaba su contenido.
Los legisladores también incorporaron al texto disposiciones transitorias referidas a los próximos procesos electorales, la organización territorial y las Fuerza Armadas.
La reforma aprobada deroga una ley del 2001 sobre estados de excepción, que facultaría al Gobierno a decretar estados de excepción sin límite de tiempo, durante los que podría detener sin cargos a ciudadanos e imponer la censura de prensa, derechos que están preservados en la Constitución vigente.
Algunos ejecutivos de medios, activistas de derechos humanos y los líderes de la Iglesia Católica expresaron que la reforma crea condiciones "favorables para violaciones masivas de derechos humanos y abre las puertas para detenciones arbitrarias masivas".
Las restricciones al derecho a la información son justificadas por el oficialismo alegando que durante el derrocamiento de Chávez en el 2002, los medios apoyaron la fracasada rebelión por lo que se evidenció la necesidad de "reforzar" las medidas de protección del Estado.
Chávez argumentó que la reforma constitucional es fundamental para que Venezuela consolide su transición a un Estado socialista, para lo que se contemplan nuevas modalidades de propiedad bajo gestión cooperativa o estatal.
El presidente también asume control del Banco Central y de la administración de las reservas internacionales.
Los detractores de Chávez creen que quiere establecer una dictadura al estilo cubano. La oposición por un boicot en los comicios legislativos del 2005 no tiene representación en la Asamblea, que es controlada por diputados oficialistas.
Los partidarios del presidente descalifican las críticas de la oposición pues las consideran retórica de una elite económica temerosa de perder sus privilegios.
La reforma elimina el limite actual de una única reelección, lo que abre la puerta a Chávez para extender indefinidamente su mandato.
El diputado de Podemos, Ricardo Gutiérrez, denunció que la reforma "no tiene nada que ver con dar más poder al pueblo".
Siete de los ocho diputados de Podemos salvaron su voto. El partido catalogó de "inconstitucional" la enmienda, argumentando que para una reforma de esta magnitud requería convocar a una Constituyente.
