BOMBAY, 10 Ene. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
Las víctimas de violación en el país continúan siendo sometidas a pruebas invasivas que tanto el Gobierno como los tribunales nacionales prohibieron hace años, según han denunciado diversos grupos de activistas este miércoles.
El Tribunal Supremo declaró en 2013 que la 'prueba de los dos dedos', una intervención a través de la que un doctor comprueba si una mujer ha sido víctima de una agresión sexual, viola el derecho a la privacidad. Por su parte, en 2014, el Gobierno emitió una nueva normativa que eliminaba la práctica, argumentando que los resultados del examen "no son determinantes en un caso de violencia sexual" e indicando a los investigadores de delitos sexuales que se centraran en los testimonios de las víctimas y de los testigos.
Pese a las prohibiciones la prueba continúa realizándose, restando peso a los testimonios de las víctimas. Los investigadores están "preocupados por las lesiones genitales", han denunciado más de 50 activistas y expertos de diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en una carta al Ministerio de Salud de India.
"Según la prueba tradicional, la mayoría de las víctimas no han sido violadas", ha dicho Padma Deosthali, consultor clave en las reformas de Gobierno de 2014 y uno de los activistas que han firmado el documento.
"La ausencia de lesiones a menudo se equipara con la ausencia de agresión", han lamentado en el documento. Los activistas han declarado que esperaban que la normativa impuesta en 2014 por el Gobierno elevara las condenas y cambiara el enfoque de las investigaciones, eliminando unas "pruebas médicas humillantes e ineficaces".
El Ministerio de Salud ha respondido asegurando que está llevando a cabo talleres en todo el país para ayudar a las autoridades estatales a entender las directrices. Además, se ha comprometido a tomar medidas en el caso de que se demuestre que la normativa está siendo ignorada, ha declarado la secretaria de Salud y Bienestar Familiar, Sanjeeva Kumar.
En un informe publicado en noviembre de 2017, la organización Human Rights Watch (HRW), tras examinar el impacto de la reforma, denunció que las víctimas no tienen acceso a servicios de apoyo y que los médicos de un hospital de Rajastán, en el oeste del país, seguían realizando la prueba de la virginidad.
