Yingluck solicita más tiempo a la Comisión Nacional Anticorrupción para preparar su defensa

BANGKOK 31 Mar. (Reuters/EP) -

La primera ministra tailandesa, Yingluck Shinawatra, ha comparecido este lunes ante la Comisión Nacional Anticorrupcuión (NACC), a la que ha solicitado más tiempo para presentar testigos y pruebas para defenderse de los cargos de corrupción por los subsidios al arroz.

Yingluck ha comparecido durante media hora ante la Comisión. Su equipo legal ha entregado tres cajas de cartón llenas de documentos que respaldan su defensa, de los que el principal documento cuenta con unas 150 páginas de extensión.

La primera ministra, que ha decidido representarse a sí misma, ha solicitado a la NACC más tiempo para poder presentar a diez testigos y para poder recopilar más documentos que prueben su inocencia de los cargos de corrupción e incumplimiento de su deber.

El miembro de la NACC Prasart Pongsivapai ha explicado que la Comisión decidirá si extender la fecha límite y anunciará su decisión el martes. "La primera ministra ha presentado documentos en su defensa y ha hecho una breve declaración", ha afirmado.

"Tenemos que considerar si los testigos y documentos tienen relación con el caso. La comisión actuará con justicia hacia la primera ministra y de una forma honrada", ha subrayado. La NACC ha recibido numerosas críticas en relación con este caso por los simpatizantes de la mandataria.

El programa de subsidios al arroz es una de las políticas impulsadas por el hermano de la primera ministra, Thaksin Shinawatra, cuando era primer ministro. Thaksin fue derrocado por un golpe de Estado perpetrado por los militares en 2006 y, tras exiliarse, fue condenado en 2008 por cargos de corrupción.

Las generosas subvenciones a agricultores son uno de los principales atractivos que presentó en 2011 la plataforma que aupó al poder a Yingluck, que ganó por un amplio margen los comicios de ese año y ahora ha dejado al país con unas enormes reservas de arroz y con pagos pendientes a los agricultores.

La oposición argumenta que el programa está plagado de casos de corrupción y acusa a la primera ministra de beneficiarse económicamente del mismo. En caso de ser declarada culpable, podría ser forzada a dimitir y enfrentarse a una prohibición a tener vida política durante cinco años.