LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El recurso contencioso-administrativo del Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 46/2019 de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo, según ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno de Canarias ha planteado en este recurso que se "tenga en cuenta" el carácter artesanal de la flota de las islas y se incorporen criterios medioambientales y socioeconómicos, ya que el Ejecutivo autonómico ha señalado, en un comunicado, que tanto la Administración regional como el sector "llevan tiempo solicitando una cuota justa" para el sector pesquero de las islas basada "en criterios transparentes y objetivos", incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico.
En este sentido, expone que para hacer el reparto se debe tener en cuenta las características del sector pesquero insular, tradicional y artesanal, así como el empleo de las artes de pesca selectivas con "un reducido impacto ambiental".
Por ello, el Gobierno canario propone en su argumentación, el que se tengan en cuenta como referentes de capturas históricas de atún rojo en el área de Canarias el periodo 1971-1981, en lugar del periodo 1965-1981, que fue el empleado en el proyecto de Real Decreto, ya que consideró que "está acreditado que la optimización de la recogida de datos estadísticos de túnidos en el archipiélago, por el Instituto Español de Oceanografía, se produjo a partir de 1973".
También instan a que se tenga en cuenta las características técnicas de la actividad pesquera en Canarias y otros parámetros del buque que "optimizan" la actividad del conjunto de la flota, así como criterios sociales y económicos, tales como la acreditación de las posibilidades de generación de empleo y las condiciones socio-laborales de los trabajadores.
Asimismo, Canarias también incluyó en su recurso la necesidad de que se incorporasen al reparto criterios de carácter medioambiental, que asignasen a la flota canaria una proporción de cuota que tenga en cuenta objetivamente las artes de pesca selectivas empleadas, las técnicas de pesca de reducido impacto ambiental y su bajo consumo de energía en la producción primaria de atún rojo.
Este recurso fue presentado por el Gobierno de Canarias después de que el 8 de febrero de 2019 el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto que incorpora al ordenamiento jurídico español las disposiciones del plan de gestión de la pesquería, aprobadas en Dubrovnik en 2018, por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).
