La Aldea (Gran Canaria) encarga una asistencia técnica para presentar alegaciones contra la acuicultura en su litoral

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), Pedro Suárez, ha encargado la contratación de una asistencia técnica externa especializada para elaborar las alegaciones municipales contra el proyecto de cultivo de lubina previsto en la Zona de Interés Acuícola ZIA-GC-9, en el litoral del municipio.

La iniciativa se produce después de que la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias haya solicitado al Ayuntamiento un informe en el marco del periodo de información pública del proyecto y de su correspondiente estudio de impacto ambiental ordinario, con un plazo de 30 días para presentar alegaciones de cara al otorgamiento de la concesión acuícola.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el proyecto presenta una "elevada complejidad técnica y ambiental", al afectar a ámbitos como la oceanografía, la dinámica litoral, los hábitats protegidos, el paisaje y la actividad pesquera.

Por ello, ante la ausencia de personal municipal especializado en ecología y acuicultura marina, la Corporación considera necesario contar con expertos externos que permitan realizar un análisis técnico y científico del proyecto.

La asistencia contratada tendrá como cometido auditar el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa promotora y formular las alegaciones que correspondan, con el objetivo de que el Ayuntamiento pueda defender su posición ante el órgano ambiental competente con argumentos técnicos y jurídicos.

El alcalde ha subrayado que esta actuación responde al mandato expresado por el Pleno municipal, que el pasado 9 de julio aprobó por unanimidad una moción institucional de rechazo a la instalación de jaulas marinas tanto en la ZIA-GC-9 como en la ZIA-GC-8.

Entonces, se reclamó también al Gobierno de Canarias la exclusión definitiva de ambas zonas de la planificación acuícola de las islas, al considerar que la implantación de estas instalaciones puede generar "graves riesgos ambientales, territoriales y socioeconómicos".

Finalmente, la Corporación pretende que el informe técnico especializado permita fundamentar sus alegaciones ante el órgano ambiental competente, que ya determinó que el proyecto debía someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria al considerar que podía producir efectos significativos sobre el medio ambiente.