Bermúdez amenaza con emprender acciones legales si no se paran los desahucios de 300 familias en Añaza

Publicado 08/10/2018 18:54:04CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha advertido con emprender acciones legales contra el Banco Santander si no se paralizan "ya" los desahucios de las casi 300 familias que viven de alquiler en dos edificios de Añaza y que han recibido llamadas por parte de la entidad para avisarles de que no se les va a renovar el contrato.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras celebrarse una reunión en la que el alcalde de Santa Cruz ha recibido en este asunto el apoyo tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Tenerife, y que ha contado también con algunos de los vecinos afectados y con técnicos de distintas áreas del Ayuntamiento.

Tanto el alcalde como la consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, han avanzado que en el día de mañana enviarán varios burofax a la entidad financiera y a la gestora de los inmuebles solicitando información sobre los desahucios y demandando también su paralización.

José Manuel Bermúdez explicó que en la reunión se ha podido constatar que para el Gobierno de Canarias el propietario y explotador de las viviendas es el Banco Santander y señaló que "nada ha cambiado con respecto a supuestas transmisiones, bien de la empresa o bien de las viviendas".

Añadió que desde el punto de vista del Ayuntamiento la entidad financiera sigue siendo el interlocutor a través de sus sociedades y remarcó que no consta en el Gobierno de Canarias ninguna petición ni de venta, ni de autorización para no renovar alquileres a los vecinos.

Así, desde el Ayuntamiento se solicita al banco que pare los desalojos y también activará el protocolo anti desahucios para todos aquellos que ya tienen fecha de juicio o alzamiento. Además, pide al Santander que renueve los contratos de alquiler que no ha renovado, sobre todo cuando hay muchas familias que estaban pagando, y que sus representantes se sienten en un plazo máximo de 48 horas con el Ayuntamiento, con el Gobierno de Canarias y el Cabildo para tratar de encontrar un acuerdo.

Bermúdez quiso recordar que hay un 70% de las familias que viven en estos edificios que están siendo o pueden ser ayudadas por el Ayuntamiento para que paguen el alquiler, por lo que si no se les renueva, dejarían de percibir dichas ayudas al no existir un contrato en vigor. "Por tanto, el banco no sólo está obstaculizando que se pueda seguir ayudando a esas familias, sino que las está poniendo en la puerta de la calle y eso no lo vamos a consentir", advirtió el alcalde.

El alcalde señaló, también, que en el caso de que sea necesario el Consistorio iniciará acciones legales contra la entidad financiera. "Somos tres administraciones que son clientes de esa entidad; luego, en 24 horas tienen que ser sentados con nosotros porque, como clientes, nos tienen que decir qué está pasando, sobre todo cuando ya hay fechas de desahucios para el día 10 de octubre", agregó.

José Manuel Bermúdez incidió, además, en que hay unas obligaciones que la entidad propietaria de las viviendas tiene que cumplir, dado que se construyeron con dinero público mediante el sistema VPO, por lo que "no pueden ser ni transmitidas ni dejadas de arrendar simplemente por la voluntad de la entidad propietaria, pues tiene que tener la autorización del Gobierno de Canarias".

A este respecto, apuntó que esa autorización no se ha producido ni se ha solicitado, sino que tan solo se ha solicitado información por parte de la entidad financiera sobre el régimen jurídico que tenían los inmuebles, cuya plazo de protección termina en el año 2021.

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, comentó que mañana enviarán un burofax tanto a la entidad financiera como a la gestora del inmueble, puesto que si bien ha habido llamadas, no han facilitado la información necesaria.

En la misiva, el Ejecutivo canario preguntará por las llamadas, whatsapps, amenazas y ofertas "raras" que están recibiendo los vecinos, y también se recordará al banco que tiene que cumplir con la Ley de Vivienda, que impide vender o cambiar los arrendatarios sin la autorización del Ejecutivo canario. En el caso de no obtener respuesta, desde el Ejecutivo advierte que se vería en la obligación de acudir a los tribunales si se constata que no se ha cumplido con la normativa en vigor.

Contador