Publicado 25/01/2022 17:45

Bomberos de Gran Canaria critican que el Cabildo se niegue a sentarse para solucionar los problemas del Consorcio

Archivo - Bombero de Gran Canaria
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han criticado este martes que el Cabildo se niegue a sentarse con sus representantes para solucionar los problemas que arrastran después de ganar varias sentencias judiciales que anulan todos los actos administrativos de "imposición" de jornada y reconoce como "único documento vigente" el acuerdo de condiciones laborales de 2011-2013, en el que se establece una jornada efectiva de 57 guardias de turnos de 24 horas por ser trabajadores con turnos especiales.

Sin embargo, los bomberos lamentan que el Cabildo "no" lo aplique y use un marco normativo "derogado desde 2018, la DA 7 estatal, para seguir aplicando una jornada ampliada impuesta", según ha informado CCOO.

Toda vez, añaden, que los 220 bomberos que conforman dicho Consorcio han demostrado "en muchas ocasiones" que son "necesarios y, sobre todo, que resuelven los problemas que afecta a la ciudadanía" de Gran Canaria y otras islas.

"Hemos estado días, semanas y en ocasiones meses trabajando en emergencias como inundaciones, incendios forestales, volcán de la Palma o emergencias en general con el fin de ayudar a las personas afectadas por situaciones así y hemos mostrado nuestra profesionalidad, esfuerzo y desempeño constantemente, incluso se nos ha reconocido con entrega de premios pero luego seguimos sin tener un acuerdo laboral después de 10 años y no vemos ninguna apuesta clara por resolver la falta de personal que tenemos en este colectivo", apuntilló.

En lo que al personal se refieren, consideran que los 220 efectivos "no es suficiente" para este Consorcio, entendiendo que debe tener "al menos 80 efectivos más para los ocho parques del Consorcio insular de Bomberos de Gran Canaria".

Así, cuestionan qué es lo que necesitan los "políticos de Gran Canaria para darse cuenta de que esto es un servicio esencial y que deben apostar por una prestación dotada que permita ser eficaces y eficientes", además de tener un acuerdo "de condiciones pactado y negociado y no impuesto como se ha hecho desde 2012".