SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Turismo y vicepresidente del Cabildo insular de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acusó a la Dirección General de Costas de "utilizar los derribos del Cho Vito en Candelaria de manera ejemplarizante", subrayando que tenía "la sensación de que no se está utilizando la misma vara de medir para todos en España".
Bermúdez, que hizo hoy esta valoración en la presentación de los acuerdos del Gobierno, insistió en que "el Cho Vito no puede ser el único lugar de España en donde estén afectadas las viviendas en el litoral".
El consejero de Turismo insistió en que existía un compromiso en el Senado, aprobado en 2006 y otro en 2007, en donde la ministra de Medio Ambiente de entonces, Cristina Narbona, puntualizaba que no se llevaría a cabo ningún derribo, sin contar con una comisión participada por cabildos, ayuntamientos afectados y Costas, que "no se ha cumplido". "Aunque lo han reconocido, ya no hay marcha atrás".
El nacionalista mostró su pesar por los acontecimientos que se viven hoy en el municipio de Candelaria. Aclaró, no obstante, que "el Cabildo no tiene competencias en esta materia". "Cuando tengamos competencias las cosas se verán de otras manera", matizó el vicepresidente insular.
"Esto no quiere decir que no estemos a favor del uso público de la costa", añadió luego. Muestra de ello, según Bermúdez, es la inversión que el Cabildo ha hecho en obras en el litoral, a pesar de que los plazos del Ministerio se demoran "hasta tres años, para obras que se ejecutan en 6 meses".
Reprochó una y otra vez al Gobierno que preside Zapatero de "tomar la decisión de forma unilateral", sin haber convocado la comisión comprometida en el Senado. Afirmó que el Cabildo de Tenerife ha hecho lo que ha podido --"aconsejando" y "reuniéndose" con los vecinos-- pero que no tienen competencias, además de haber sido desoídos políticamente.
Bermúdez confía que en el futuro y ante próximos derribos se cumpla con el acuerdo senatorial, asegurando que no se puede hacer nada con los 'pactos' políticos aprobados y recogidos en las actas del Senado.