El Cabildo de Tenerife destina 700.000 euros a financiar recursos municipales para menores

Actualizado: viernes, 14 septiembre 2007 14:41


SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), tiene previsto establecer convenios con los diferentes ayuntamientos de la Isla para la financiación de los recursos y servicios de prevención básica y especializada en materia de menores. La iniciativa se inscribe en el marco del Plan Integral del Menor en Canarias y contempla una inversión superior a los 700.000 euros. Hasta el momento, han sido 28 las administraciones municipales que han manifestado su intención de sumarse a ello.

Según destaca la vicepresidenta del Cabildo y consejera de Bienestar Social, Cristina Valido, "la atención a las necesidades de los menores debe ser siempre uno de los objetivos prioritarios de cualquier administración. Esa preocupación debe incrementarse aun más cuando se trata de aquellos que requieren un apoyo específico, como ocurre con este plan que ponemos en marcha de acuerdo con los ayuntamientos. Precisamente, hay que resaltar esa colaboración entre la institución insular y las municipales para lograr llevar a cabo esta tarea adecuadamente".

Los recursos se concentran primeramente en los centros y servicios de día, que están destinados al apoyo de aquellas unidades familiares que por diversas circunstancias necesitan ser auxiliadas en sus tareas parentales. En ese sentido, se presta atención a los niños durante períodos del día al margen del horario escolar asegurando su educación, alimentación y debida atención cuando no puedan ser atendidos debidamente en su núcleo familiar.

Asimismo, también se incluye en este programa la financiación de equipos territoriales especializados en riesgo. Se trata de unidades interdisciplinares que ofertan servicios preventivos en el ámbito municipal o supramunicipal y constituyen un nivel de atención secundaria a los menores y sus familias en su entorno, desde el sistema público de servicios sociales para hacer efectiva la medida protectora de riesgo.