Canarias necesita multiplicar por cinco el personal de Dependencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Canarias cuenta actualmente con apenas 64 valoradores para la reducción de las listas de espera de la dependencia, por lo que necesitaría de un mínimo de 320 trabajadores más para que el archipiélago deje de estar "a la cola" en los tiempos medios de resolución de expedientes.

Así lo ha manifestado el Diputado del Común, Rafael Yanes, que este miércoles ha entregado al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el Informe Anual de la Diputación del Común correspondiente a 2020, donde la dependencia vuelve a ser, por tercer año consecutivo, el área que más quejas aglutina.

En su intervención ante los medios, el Diputado del Común mostró su preocupación porque es la tercera vez que tiene que incidir en el "deficiente" funcionamiento de la dependencia en Canarias por el incumplimiento "sistemático" de los plazos para la resolución de los expedientes, determinados legalmente.

Rafael Yanes quiso recordar que el informe de 2018 ya recogía que el tiempo medio para la resolución de expedientes en Canarias estaba en 500 días, cuando el plazo oficial está en 180, de ahí que pidiese un pacto por la dependencia al que "no hicieron caso"; en el informe de 2019 el tiempo medio de espera subió hasta los 785 días, una situación que calificó entonces de "inaceptable", y en 2020 ha vuelto a crecer hasta los 907 días.

Yanes indicó incluso que, ante la petición de personas que han solicitado una revisión de su grado de dependencia, el servicio ha respondiendo diciendo que están estudiando las solicitudes de 2015 y 2016, cuando hoy tendrían que estar respondiendo las del 5 de enero de este año.

SIETE VECES MÁS DE RETRASO.

Yanes comparó la situación de Canarias con otras comunidades autónomas con una población similar. En este sentido, señaló que en Castilla y León, con 2,4 millones de habitantes, se tarda una media de 187 días para la resolución de expedientes, cuenta con una lista de espera del 0,1% y tiene 800 valoradores.

Por contra, en Canarias, con 2,2 millones de habitantes, se tarda siete veces más en la resolución de expedientes, hay una lista de espera del 24% y tan solo tiene 64 valoradores, la mayoría temporales y haciendo trabajos de administrativo porque también se carece de personal específico para esa función.

Para incidir aún más en la situación que padece la dependencia en Canarias, Rafael Yanes citó el caso de otras comunidades como Galicia, que tiene 156 valoradores, a los que se suman 550 que trabajan en los ayuntamientos y que son pagados por el Gobierno autonómico.

También puso como ejemplo la Comunidad Valenciana, que hace cuatro años estaba al lado de Canarias respecto al incumplimiento de los plazos y ha aumentado el personal un 403%, pasando de 352 a 1.384 valoradores, lo que ha permitido que este año fuera la comunidad que más personas introdujo en el sistema nacional de dependencia.

Por todo ello, el Diputado del Común afirmó que Canarias necesitaría "multiplicar por cinco" su personal de dependencia, es decir, un mínimo de 320 valoradores más. "Hasta que este hecho no se produzca, no veremos mejorar nuestro servicio de dependencia", advirtió.

Rafael Yanes se quejó de que en un año de pandemia, por parte del Gobierno de Canarias se han contratado 3.850 trabajadores más en Sanidad y 2.500 en Educación, por lo que cree que "ya es hora de que se acuerden de la Dependencia".

Pero no sólo ve necesario contratar a más personal, sino también resolver los problemas informáticos que existen con el sistema de valoración; unificarlos, pues hay dos trámites distintos para cada provincia, y compatibilizarlos con los servicios sociales de los ayuntamientos y con los del Servicio Canario de la Salud (SCS), a quien Rafael Yanes pide más implicación, pues la primera fase es sanitaria.

UN INFORME MARCADO POR LA PANDEMIA.

Respecto al Informe de 2020, Rafael Yanes comentó que se trata de un texto marcado por la pandemia del coronavirus y el confinamiento, que dio lugar a una disminución de la presentación de quejas debido al propio confinamiento y a que, en unos momentos en los que morían 900 personas diarias, las inquietudes por los problemas medioambientales o de política territorial "pasaron a un segundo plano".

El Diputado del Común detalló que en estos tres años han aumentado un 60% el número de expedientes gestionados por la Institución, pasando de 1.795 en 2017 a 2.904 en 2020. Asimismo, según se desprende del informe, el área que más crece con respecto a 2019 fue el correspondiente a Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), donde las quejas suben un 419%.

A este respecto, Yanes manifestó que la pandemia ha puesto de manifiesto que el acceso a Internet es un servicio social básico para el teletrabajo, la tele enseñanza o las gestiones que el ciudadano tiene que hacer ante la administración. En este sentido, la mayoría de las quejas se refieren a peticiones de banda ancha y fibra óptica.

En cuanto al área de Vivienda, disminuyó el número de quejas relacionadas con desahucios porque se paralizaron los plazos judiciales y los desahucios para determinados colectivos. No obstante, dentro de cuatro días se acaba el estado de alarma y vuelven a reiniciarse estos procesos, por lo que tanto el Instituto Canario de la Vivienda como la Diputación del Común ya están "alerta" ante lo que pueda suceder, apuntó Yanes.

La pandemia también influyó en el grado de respuesta de las administraciones públicas a la hora de responder a la Diputación del Común. Si bien no hubo que firmar ninguna declaración de obstruccionismo, la Institución sí realizó 131 recordatorios del deber legal de responder y 145 advertencias de declaración de obstruccionismo.

Por otro lado, Rafael Yanes mostró su satisfacción por los resultados favorables, más de un 70%, contando los favorables para la ciudadanía y los reconocidos por parte de las administraciones públicas, una vez descontados los trasladados al Defensor del Pueblo y también los expedientes inadmitidos.

Asimismo, la estructura del Informe cuenta con dos novedades, pues hay un capítulo específico que estudia el impacto de la covid-19 en cada una de las 28 áreas de gestión de la Diputación del Común y, por primera vez, hay un estudio insularizado que recoge las quejas de cada una de las ocho islas, tal y como solicitó el Parlamento de Canarias el pasado año.