PSOE y NC-BC apoyan la medida si está avalada jurídicamente pero avisan de que no se sumarán a un "frente común" contra el Gobierno
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles a los grupos parlamentarios una propuesta de modificación de la ley de estabilidad presupuestaria con el fin de que las comunidades autónomas que estén en equilibrio financiero y con baja deuda puedan utilizar el superávit en los servicios esenciales.
Así lo ha avanzado a los periodistas la consejera de Hacienda, Matilde Asián, tras una reunión con portavoces de los grupos en compañía del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez.
La consejera ha dicho que esta propuesta nace de una petición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presidente canario dado que ahora mismo, con la ley actual, la regla de gasto determina que aunque haya ingresos en la comunidad autónoma "hay que destinarlo a amortizar deuda".
Ha apuntado también que proponen al Ministerio que la orden ministerial que desarrolla la ley cambie el deflactor del PIB pues está "congelado" en el 2% desde 2012, tal y como se ha hecho en la UE, pues eso daría "más margen" a Canarias para destinar fondos a las necesidades de la población.
Asián ha apuntado que esta modificación legal es un "interés común a todos" pues si se cumple con los límites que me marca la Constitución a la actividad económica y financiera, "lo lógico" es que no se penalice a una comunidad autónoma.
En esa línea ha indicado que muchas comunidades podrán utilizar la regla que propone Canarias en los próximos años al tiempo que ha avanzado que si el Gobierno central da luz verde a la propuesta se volverá a convocar a los grupos para decidir en qué utilizar los 238 millones del superávit.
Con datos del tercer trimestre de este año, la deuda de la Comunidad Autónoma asciende al 13,2% de su PIB, casi nueve puntos por debajo de la media de las comunidades (22,3%) y el archipiélago es además la región española con menor deuda por habitante con 3.070 euros por ciudadano frente a los 6.776 euros a que asciende la media de las comunidades.
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha dicho que "sería un sin sentido" que las administraciones canarias no pudieran hacer uso de los ahorros depositados en las entidades bancarias para sufragar los servicios públicos esenciales, así como proyectos generadores de empleo y riqueza.
Por ello, reclamó, una vez más, tener en cuenta las singularidades de las islas y que el Gobierno de España autorice esta medida, "que es justa, necesaria y adecuada" si lo que se quiere es "revitalizar la economía y mejorar la vida de los ciudadanos".
Aclaró que, si bien aquellas administraciones públicas con deuda podrían tener cierta obligación respecto al uso de los recursos para realizar estos pagos, "sería factible compatibilizarlos para otros fines".
Este planteamiento ya fue acordado el pasado mes de diciembre por la Federación Canaria de Islas (Fecai), durante la presidencia de turno de Curbelo.
AHI NO ENTIENDE LOS "IMPEDIMENTOS" CUANDO SE TRAMITA UNA AMNISTÍA
Raúl Acosta (AHI) ha destacado que Canarias "ha hecho un sacrificio muy grande" por cumplir con el endeudamiento por lo que apoya el "frente común" para solicitar esta flexibilización y que se puedan destinar recursos económicos a los servicios públicos.
Acosta no entiende los "impedimentos" del Gobierno cuando se modifica una ley orgánica "para una amnistía" o para otras cuestiones por "necesidades oportunistas" por lo que ve "justa" la reivindicación para poder tener unos servicios públicos "potentes".
El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha comentado que coinciden "en el fondo" con el Gobierno, entre otras cuestiones porque su partido ya se opuso a la regla de gasto aprobada en 2012 al ser "una ley injusta que trataba igual a quien cumplía con quien, no a las administraciones que tenían superávit con las que tenían un déficit excesivo".
Campos ha mostrado discrepancias "en la forma" para pedir la flexibilización de la norma pues les genera "dudas" que se haga a través de una modificación del presupuesto y proponen "ir más allá" e impulsar un cambio legislativo.
Además ha propuesto que la modificación de la ley
sirva "fundamentalmente para mejorar los servicios públicos" y no para bajar impuestos, como ha deslizado el Gobierno en alguna ocasión.
Campos también ha reclamado que la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria sea también para ayuntamientos y cabildos, "que son también merecedoras de esa relajación cuando cumplan".
El portavoz de la formación canarista ha valorado la apuesta por el "consenso" del Ejecutivo regional que no se van a sumar a una "confrontación" frente al Gobierno de España que trate de trasladar que no hay voluntad política.
VOX: NO GASTAR MÁS DE LO QUE SE INGRESA
Nicasio Galván (Vox) ha indicado que las administraciones públicas se deben comportar "igual que cómo se comportan las familias españolas, que es no gastar más de lo que se ingresa, es algo de sentido común".
En cuanto a la condonación de la deuda ha criticado que se pacte con "delincuentes amnistiados, o que se pretende amnistiar" y así "dar por válido el despilfarro" de algunas comunidades autónomas, especialmente Cataluña, con "embajadas exteriores" y "fanatismos independentistas".
"Nosotros seguiremos luchando por que no haya ningún tipo de condonación de deuda", ha indicado, ya que "las deudas se tienen que pagar y es un mensaje muy erróneo" que se traslada a las familias.
José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha valorado la búsqueda de "consenso" para establecer un "criterio común" en la defensa de los intereses de Canarias dado que los criterios de gasto "están muy topados" con la regla de gasto.
De esta forma, ha apuntado que le parece una "buena idea" que se puedan combinar criterios comunes e individuales y no como estaba regulado antes de la pandemia sanitaria.
FRANQUIS: ES UN ASUNTO MÁS JURÍDICO QUE POLÍTICO
Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha valorado la búsqueda de acuerdos por parte del Gobierno pero ha dejado claro que "no solo se necesitan cuando le interesa al Gobierno de Canarias, sino cuando le interesa al conjunto de la sociedad canaria".
Ha recordado que la ley de estabilidad presupuestaria fue aprobada bajo un Gobierno del PP y se tiene que ejecutar y ahora espera que el Ejecutivo canario tenga informes que avalen la modificación de la ley porque se trata "más de un asunto jurídico en estos momentos que un asunto político".
Franquis ha resaltado que no es competencia del Parlamento de Canarias, sino de las Cortes, y ha indicado que la flexibilización de la regla de gasto no puede servir de "excusa" para bajar los impuestos y esos fondos adicionales deben destinarse a los servicios básicos.
En esa línea ha reivindicado el ejercicio de la "política útil" y ha dejado claro que no se sumarán a un "frente común" de si lo que se trata es de atacar al Gobierno central que "lo único que está haciendo en estos momentos es cumplir la ley".
Luz Reverón, portavoz del PP, ha resaltado la "transparencia" del Gobierno por convocar a los grupos parlamentarios y ha coincidido con el Ejecutivo en que no se puede "tratar igual" a Canarias que a las comunidades autónomas "que no han cumplido".
Ha dicho que no se trata de ir a una "confrontación" contra el Gobierno de España sino a defender "el bien de todos los canarios".
