Castro asegura que su consejería llevó a la justicia las irregularidades de Vivienda "hace un año"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Antonio Castro, aseguró ayer que su departamento detectó "unas irregularidades con posible delito en abril del año pasado y en aquel mismo momento decidimos que había llevarlas ante la justicia".

Castro se refirió así a la posible detención de dos funcionarios del área de Vivienda de esa consejería por parte la Brigada de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife anunciada ayer por los medios de comunicación.

"El Instituto Canario de la Vivienda (ICV) puso en manos de la justicia el 14 de abril del año pasado el asunto al descubrir algún documento falsificado por el que se descalificaba viviendas para su posterior venta libre", apuntó Castro.

El consejero señaló que "la investigación sobre este caso está en manos del juez desde entonces y por lo pronto no sabemos si esta situación afecta sólo los documentos que hallamos en su momento o si pueden ser más". Añadió que "la justicia ha estado recabando información en el ámbito del propio ICV, habrá que esperar a que avance la investigación".

Castro insistió en que "tan pronto como detectamos en el Gobierno que había una irregularidad con posible delito llevamos el asunto a la justicia, exactamente igual como lo haríamos con cualquier otro caso. La consejería actuó en consecuencia con los hechos descubiertos".

El consejero explicó que a manos del ICV llegó "algún" documento con firma falsificada el año pasado por el que se descalificaban viviendas de protección oficial (VPO) para poderlas vender, "ya que se precisa la autorización del Gobierno para hacerlo", recordó Castro.

"La firma que detectamos como falsificada es la del director del ICV, que es el responsable para autorizar las descalificaciones. La de los documentos no coincidía con la suya", precisó.