La comunidad de Bahía Feliz acusa al Ayuntamiento de dejación y exige servicios públicos para la zona

Actualizado: sábado, 21 abril 2007 22:00

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, 21 Abr. (EP/IP)

Los vecinos de Bahía Feliz llevan 10 años detrás del Ayuntamiento de San Bartolomé para que asuma sus responsabilidades públicas y se haga cargo de la urbanización. "Pagamos la contribución urbana y a cambio recibimos cero servicios", se lamenta el presidente de la comunidad, Antonio García. Por ese motivo exige a los representantes municipales que alcancen un acuerdo con el promotor y recepcionen este núcleo residencial, cuyo mantenimiento ha disparado el gasto comunitario hasta provocar la división del vecindario.

El propio presidente reconoce que hay un grupo significativo de propietarios que se ha negado a pagar las cuotas, que afectan a prestaciones básicas como la red de alcantarillado, el agua de abasto, la iluminación o el mantenimiento de los viales, entre otros conceptos.

Sin embargo, García desaprueba esas medidas porque van en perjuicio de la urbanización, y apela a la unidad vecinal para reclamar que la Corporación municipal comience a prestar servicios en la zona cuanto antes. "Estamos todos en el mismo barco porque es el Ayuntamiento quien debe arrojar luz sobre este asunto", sostiene el comunero.

También asegura que en la última década se han mantenido reuniones con los alcaldes de todos los gobiernos locales, los cuales han echo dejación de sus funciones. "Ahora somos nosotros los que tenemos el problema", explica García, "porque llevamos 20 años pagando nuestros impuestos sin recibir nada a cambio".

El presidente de la comunidad confiesa que la junta directiva ya ha tomado la decisión de recurrir a la vía judicial si el Consistorio persiste en su omisión, pues esta institución tiene la obligación de recibir y gestionar las infraestructuras de Bahía Feliz, aunque para ello antes deba exigirle al promotor que subsane las deficiencias de la urbanización. De hecho, existe un informe técnico que valora los desperfectos en casi un millón de euros, el cual fue encargado por el Ayuntamiento para determinar el estado de conservación de las calles y demás equipamientos. "Que lo apliquen y exijan lo que tengan que exigir", concluye García.