SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Europeo ha emitido una resolución en la que insta a la Comisión a permitir el acceso a los documentos en los que se basó la decisión favorable a la construcción del puerto industrial de Granadilla (Tenerife), según han informado hoy Ben Magec Ecologistas en Acción en un comunicado.
La decisión, según la organización, da respuesta a una denuncia presentada por European Enviromental Bureau (EEB) en la que se quejaban de que la Comisión Europea denegaba el acceso a los mencionados.
Según Ecologistas en Acción, el Ombudsman les da la razón, "al considerar que la Comisión Europea ha incurrido en una falta de mala administración al denegar el acceso a dichos documentos".
"El Defensor del Pueblo Europeo ha tenido acceso a los documentos internos que la Comisión viene negando a la organización ecologista. Tras un detallado análisis, ha concluido que no se cumplen las excepciones previstas en el Reglamento europeo de Acceso a Documentos 1049/2001 que justifiquen su confidencialidad. Por tanto, insta a la Comisión a hacerlos públicos", explicaron desde la organización.
El interés de los ecologistas se centra en que entre estos documentos se encuentran las diferentes comunicaciones y consultas interservicios relativas a la necesidad de incrementar la capacidad portuaria de Tenerife y las posibles alternativas.
La Comisión les argumentaba que dar a conocer las distintas opiniones internas en la toma de posición frente al puerto de Granadilla, podía minar en el futuro el proceso de toma de decisiones de la Comisión, así como limitar a sus técnicos a la hora de expresar sus opiniones libremente.
Por el contrario, Ecologistas en Acción, en línea con lo expresado también por el Ombudsman en su resolución, entiende que hacer públicos estos documentos mejorará el proceso de toma de decisiones de la Comisión, que se hará más democrático y transparente.
NO HAY MOTIVOS
En lo relativo a los documentos que provenían del Gobierno canario, entre ellos el análisis de alternativas (de julio de 2005), "pieza clave en todo el proceso al ser uno de los fundamentos sobre los que la Comisión basó su decisión de aceptar el puerto", el Defensor del Pueblo Europeo ha considerado que en ningún caso un Estado tiene derecho de veto sobre aquellos documentos en posesión de la Comisión (al margen del origen de los mismos) y entiende que "el ejecutivo comunitario ha incurrido en mala administración al no haber acreditado las razones que justifiquen la no liberación de estos documentos".
Por ello insta a la Comisión a establecer "un análisis genuino" para determinar si alguna parte de estos documentos podría "minar" en parte el proceso judicial en marcha en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "De no acreditar razonadamente la existencia de algún inconveniente de esta naturaleza, la Comisión debería liberar también estos documentos".
Ecologistas en Acción espera ahora que la Comisión, que debe responder a esta resolución antes del 31 de octubre de 2009, cumpla con sus deberes democráticos de acceso a la información, para que se sepa toda la verdad sobre Granadilla, y se ponga en evidencia de una vez por todas las mentiras y falsedades sobre las que se apoyó la decisión de la Comisión Europea.
Fuentes de la asociación explicaron a Europa Press, no obstante, que no hay obligación de facilitar el acceso, pero no existen precedentes debido al peso del Defensor del Pueblo Europeo en la Unión Europea. "Es una obligación moral" explicaron. Asimismo, indicaron que existe otra vía en caso de que finalmente no se acceda, "pero llevaría más tiempo".