LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados de lo Mercantil de Canarias han registrado un total de 2.195 demandas de concurso de acreedores en el año 2023, lo que ha supuesto un aumento del 211,8 por ciento en relación a 2022 (año en el que se computaron 704), según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' difundidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este informe recoge que el crecimiento de las antiguas quiebras en España en los juzgados de lo Mercantil fue del 115,4 por ciento, lo que supone que en el archipiélago éstas aumentaron un 95,78 por ciento más que en la media de España.
De este modo, Canarias se ha situado como la segunda comunidad con el mayor incremento porcentual de peticiones de concurso en el año 2023, solo precedida por Murcia, donde aumentó un 249,8 por ciento.
En este sentido, de los 2.195 concursos presentados en Canarias, 47 lo fueron a instancia de personas naturales empresarias, 130 de personas jurídicas y 2.018 de personas naturales no empresarias, lo que representa el 91,9 por ciento.
Señalan que son precisamente los concursos de personas naturales no empresarias "los que provocan el sensible aumento" de los procedimientos, ya que hasta 2023 las quiebras de ciudadanos de a pie no se resolvían en los Juzgados de lo Mercantil, sino en los de Primera Instancia.
El informe recoge que en el año 2023 se declararon en Canarias un total de 1.286 concursos, un 498,1 por ciento más que en el ejercicio anterior (215); se resolvieron convenios en nueve (un 40% menos que en el año anterior, cuando se habían encauzado 15) y se llevaron a liquidación 92 quiebras, un 18,6 por ciento menos que el año anterior (113).
En cuanto a los concursos consecutivos (los que afectan a personas físicas, empresarios o no, en situación de insolvencia y a personas jurídicas, con un pasivo inferior a cinco millones de euros, bienes y derechos con un valor inferior a cinco millones de euros, y menos de 50 acreedores. Tanto unas como otras, además, deben haber intentado y no conseguido aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos, una vez iniciado el procedimiento; o, una vez aprobado éste, que el deudor no haya capaz de cumplirlo), en Canarias se declararon el año pasado 360, un 242 por ciento más que en 2022 (que fueron 105).
Sobre los procedimientos por despido, los juzgados de lo Social de Canarias incoaron un total de 10.176 en el año 2023, un 16,7 por ciento más que en el año anterior (8.721), lo que implica que la tasa de demandas por despido por cada 100.00 habitantes en las islas fue de 459,8, la más alta del país, por encima de Cataluña (348,7) y de Madrid (346,5).
En relación a los procedimientos incoados ante la jurisdicción civil en reclamación de cantidades dinerarias recoge que durante el año pasado se computaron en las islas 8.386, un 5 por ciento menos que en el año anterior. Así Canarias registró una media de 380,4 reclamaciones por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de España, solo superada por Cantabria (380,4), y la tercera fue Asturias (377,2).
Sobre las ejecuciones hipotecarias, se presentaron 889, un 0,9 por ciento más que en 2022. Estos datos que aluden a lanzamientos derivados de esas ejecuciones indican que el año pasado hubo 627, un 18,9 por ciento menos que en 2022, y los lanzamientos con cumplimiento positivo fueron 339, un 29,1 por ciento menos que en el año anterior (478), mientras que los practicados fueron 1.782, un 27,1 por ciento menos que en 2022 (2.445).
Según el informe, en Canarias se practicaron 283 lanzamientos derivados de incumplimientos de la ley hipotecaria en el año 2023, un 34 por ciento menos que en 2022 (429); 1.398 por impago de alquileres (-25,9%) y 101 por otros motivos (+21,7%).
Finalmente sobre los procedimientos monitorios (previstos para reclamar deudas dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento. Son competentes los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor. Se incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos) se tramitaron un total de 74.035 en Canarias en el año 2023 (+12,8%).
Canarias fue el año pasado el territorio con mayor densidad de este tipo de pleitos (3.345, 6 por cada 100.000 habitantes), seguida de Madrid (2.556,1), y Valencia, la tercera, 2.331. También se matiza que se computaron el año pasado 140 juicios verbales de ocupación de vivienda (okupas), un 15,7 por ciento menos que en 2022.