Publicado 13/07/2020 14:48:08 +02:00CET

La Diputación del Común exige un plan que garantice el acceso a internet a 400.000 canarios

Internet de las Cosas
Internet de las Cosas - PIXABAY - Archivo

Abre la puerta a revisar la financiación de la educación y que se prioricen las necesidades de los centros y que no dependa del PIB

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación del Común ha solicitado este lunes a los grupos parlamentarios que presenten iniciativas en la Cámara para que se garantice el acceso a internet, como "servicio esencial", a unos 400.000 canarios.

Así lo ha expuesto en comisión parlamentaria el Diputado del Común, Rafael Yanes, durante el debate sobre el informe de 2019, reclamando el desarrollo de un gran plan, con ayuda del Estado, como ocurre con los transportes, cuyas rutas deficitarias son compensadas por el sector público.

Ha apuntado que internet "es un derecho del siglo XXI" para que muchas personas "no se queden al margen" del desarrollo del teletrabajo y la enseñanza digital y recordado como el agua domiciliaria o la electricidad se consolidaron a lo largo del siglo XX.

Como ejemplo de la importancia de Internet ha detallado que las quejas sobre tecnología ha aumentado un 116%.

Yanes ha destacado que las demandas ciudadanas crecen un 20% por segundo año consecutivo y han bajado las advertencias y resoluciones de obstruccionismo de las administraciones públicas y resaltó la alta demanda en la isla de La Palma por su mejor conocimiento de la institución.

Sobre la dependencia, ha destacado que Canarias sigue con malos datos si bien hay alguna mejoría como la subida de un 8% en el número de personas atendidas y en un 7% el gasto por habitante, aunque sigue siendo "insuficiente", si bien ha reconocido que durante la pandemia se ha optimizado la gestión.

En esa línea, ha apuntado que se han realizado 40 visitas por sorpresa a centros de mayores y se prepara un estudio que se debatirá en el Parlamento.

Ha resaltado el crecimiento de las quejas en Igualdad en más de un 1.000% y ha planteado, a modo de "reflexión", que el gasto educativo se desvincule del PIB y se ajuste a las necesidades reales, entre otras cosas porque se va a desplomar este año --la ley exige un gasto del 5% del PIB a partir de 2022--.

Además, cara al futuro, ha advertido de que se viene una "situación muy complicada" desde el punto de vista social si el PIB cae casi un 20%.

Ricardo Fernández, del Grupo Mixto (Cs), ha admitido que la falta de conexión a internet de muchos canarios "es un problema", lo mismo que la dependencia, donde "la vida sigue igual o peor para muchas personas en Canarias".

Ha dicho que "hay que darle solución" pues las quejas representan el 20% del total, lo mismo que a la "ocupación ilegal" de viviendas y los incumplimientos urbanísticos.

Además, ha lamentado la falta de personal especializado para atender la violencia de género y que muchas administraciones públicas no atiendan las reclamaciones de la Diputación del Común.

PODEMOS RECLAMA MÁS DATOS CUALITATIVOS

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado la respuesta positiva a más del 60% de las reclamaciones, lo que refleja la "gran labor" de la Diputación del Común, si bien ha lamentado que la atención de las instituciones es "lenta".

No ha obviado el aumento de quejas en las áreas sociales, dependencia y discapacidad, ha coincidido con la Diputación del Común en que hay 400.000 personas sin acceso a internet en las islas y resaltado el trabajo en igualdad.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha comentado que "se ha ganado bastante" con la llegada de Yanes a la Diputación del Común si bien echa de menos un análisis "más cualitativo" de las quejas y "no solo los datos".

Ha comentado que "es triste" que las quejas en igualdad hayan crecido un 1.050% --habrán subido durante la pandemia-- y tildó de "desesperante" que algunas instituciones hagan "oídos sordos" a los incumplimientos urbanísticos, poniendo como ejemplo la construcción del hotel de La Tejita.

Sobre la dependencia, ha reconocido que Canarias "se ha puesto a la cabeza" en la gestión durante la pandemia con una mejoría de más del 10% y resaltado la puesta en marcha del Ingreso Canario de Emergencia para 28.000 familias o la ampliación de beneficiarios de la PCI.

En cuanto al acceso a internet, ha comentado que parte del problema es que "por cuestiones de negocio", muchas empresas no ven rentable llevar la banda ancha a determinados núcleos o zonas aisladas de las islas lo que afecta al teletrabajo.

Sandra Domínguez, de Nueva Canarias (NC), ha pedido un "esfuerzo de pedagogía" para que se conozca más a la Diputación del Común, dado que la isla con más quejas es La Palma --donde radica la sede-- al tiempo que ha pedido que las mujeres víctimas de violencia de género tengan preferencia de acceso a la vivienda pública.

Ha destacado la labor de la institución, cuyos informes "parece como si fueran de la Fiscalía", y reclamado "más coordinación" entre instituciones porque muchos trámites para los ciudadanos "son engorrosos".

EL PP PIDE UN "ZASCA" PARA EL GOBIERNO DE CANARIAS

Carlos Ester, del Grupo Popular, ha señalado que cada año aumentan las quejas de los ciudadanos e incidido en que "algo está fallando" en las administraciones públicas. "Me falta el tirón de orejas y un zasca a muchas áreas que pertenecen al Gobierno de Canarias", ha señalado.

En esa línea, ha rechazado que se diga que "hay que estar orgulloso" de como se gestiona la dependencia en Canarias pues no se cree el último informe del Gobierno central sobre los meses de la pandemia.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha valorado que hayan bajado los requerimientos a las administraciones públicas y remarcado que las corporaciones locales aglutinan la mayor cantidad de demandas por problemas urbanísticos.

Ha comentado que hay "situaciones lamentables" con la llegada de migrantes y no se puede esperar por el Defensor del Pueblo, al tiempo que ha pedido respuestas a la "brecha digital" de Canarias, con un plan específico derivado de la insularidad.

En el campo social, ha indicado que los datos de dependencia "han empeorado" en 2019 y no se ha puesto en marcha la ley de servicios sociales, reclamando una "financiación justa" al Estado para mejorar los servicios públicos.

Beato ha criticado el cierre del programa Ansina en el Cabildo de Tenerife, que implica pérdida de puestos de trabajo y dejar "desasistidos" a los mayores en pleno verano, por lo que ha pedido intermediación a la Diputación del Común.

Matilde Fleitas, del Grupo Socialista, ha destacado la labor de la Diputación del Común para garantizar los derechos de los ciudadanos porque ha aumentado la "credibilidad" de la institución y no ha ocultado las "necesidades" que tienen los servicios públicos en Canarias

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