La Fecam vuelve a quedarse sin estatuto para los municipios turísticos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) no ha logrado que el Parlamento de Canarias regule el estatuto del municipio turístico. Este es uno de los cinco proyectos de ley del Gobierno regional que no se han tramitado en este final de la VI legislatura. Sin embargo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido un esfuerzo a las comunidades autónomas para crear esta figura.

Una vez más la Fecam vuelve a quedarse sin ley que regule el estatuto de los municipios turísticos, uno de sus principales objetivos para este mandato. Durante los últimos cuatro años, esta propuesta ha sido motivo de numerosos desencuentros con los dos consejeros en la materia de Coalición Canaria (CC) en el Gobierno regional, José Juan Herrera y Manuel Fajardo, respectivamente.

Las principales diferencias estribaban en la fijación de las fuentes de financiación y la definición de municipio turístico. Finalmente a mediados del pasado mes de febrero, la Fecam hacía un llamamiento a los grupos parlamentarios para que procedieran a aprobar proyecto de ley del Estatuto de Municipio Turístico, registrado por el Ejecutivo de Adán Martín, sin retoques.

Catorce ayuntamientos esperaban el reparto de un millón de euros, incluidos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2007, antes de que la Cámara, diera por concluida la celebración de nuevas sesiones plenarias, donde se deben aprobar las iniciativas legislativas. El último pleno tuvo lugar el pasado lunes y además tuvo un carácter extraordinario, es decir, no previsto en el calendario ordinario.

Las localidades afectadas son Valle Gran Rey (La Gomera), Breña Baja (La Palma), en Fuerteventura, La Oliva, Pájara y Antigua. En Lanzarote, Teguise, Tías y Yaiza; en Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán mientras que, en Tenerife, se incluyen Adeje, Arona, Santiago del Teide y Puerto de la Cruz.

Para llegar al acuerdo final, la Fecam renunció a que la financiación proviniera del importe de la Comunidad Autónoma en los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) o que se articulara una formula por los servicios prestados en base a la legislación del Régimen Local.