La Fiscalía pide que se anule la expulsión de los exconcejales de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha adherido este martes a las tesis de los exconcejales de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, y ha solicitado la suspensión cautelar de su expulsión de la formación naranja.

En una vista judicial que ha durado una hora y media aproximadamente y que se ha celebrado por separado, el fiscal Manuel Ángel Martín ha alegado una "infracción" del procedimiento de la Comisión de Garantías y Valores de Cs y advertido de la "indefensión" de los ediles.

El fiscal ha comentado que se "ha vulnerado" su derecho a la defensa pues no se les dio traslado de la segunda fase del proceso, cuando en el expediente de la Comisión se incluyó un nuevo informe de la exsecretaria de Acción Institucional y miembro del comité de pactos, Teresa Berástegui y nuevas conversaciones de 'whatsapp' que "no reconocen" los demandantes.

Asimismo, ha comentado que no se conocen los miembros de la Comisión que votaron a favor de la expulsión ni las mayorías --el abogado de Cs ha argumentado que se pueden consultar en la página web del partido-- e incidido e que había una "confusión enorme" en el partido a la hora de fijar la "estrategia de pactos", con muchas órdenes y conversaciones cruzadas entre el 10 y el 15 de julio, día en que fue investida Patricia Hernández como alcaldesa (PSOE).

La abogada de los demandantes, Sandra Rodríguez, ha logrado incluir en la causa el último informe del secretario municipal que reconoce que los concejales deben pasar al grupo de no adscritos, si bien con advertencia de inconstitucionalidad de la ley de municipios de Canarias.

Ha dicho que se presenta la demanda por vulneración de derechos fundamentales y para evitar "perjuicios posteriores", y entiende que la expulsión de Zambudio y Lazcano "no cumple" con los estatutos del partido pues la decisión de la Comisión de Garantías y Valores se tomó "sin ningún control", pues se desconoce cuántos miembros la tomaron y si hubo mayoría o no.

Ha criticado que se incluyera un informe nuevo de Berástegui al final del proceso y una llamada de teléfono que realizó a Matilde Zambudio el día de la investidura, y no entiende que la "infracción tan grave" de los ediles se deba a un "mensaje genérico" en un grupo de 'whatsapp' y porque "hay doble clic azul".

En su opinión, el partido ha reconocido que había conversaciones con el PSOE para cerrar un pacto de gobierno en Santa Cruz de Tenerife, y ha criticado que "pretendan deshacer" una negociación sin una "orden expresa e inequívoca".

PARA LOS DEMANDANTES, LA ORDEN POR 'WHATSAPP' "ES UNA BROMA"

Para la letrada, "no hay pruebas suficientes" para demostrar que los concejales han incumplido una "directriz expresa" del partido, pues el mensaje de 'whatsapp' parece "una broma", al tiempo que ha rechazado que se "fabricara una prueba ad hoc" con el informe de Berástegui. "Se olvidó y lo dice en segunda instancia", se ha preguntado.

Sobre la suspensión de sueldo de los concejales en virtud de la aplicación de la ley de municipios de Canarias, ha comentado que "no da igual no cobrar", resaltando que Juan Ramón Lazcano, por ejemplo, tiene tres hijos y "tendría que buscarse un trabajo para vivir", por lo que es "determinante" que no tenga ingresos económicos.

En su opinión, la pérdida de salario es una "espada de Damocles" que además, puede afectar a la conformación del Gobierno municipal y la "voluntad popular", pues los concejales "tendrán que salir" del Ayuntamiento "para trabajar para comer".

El letrado que defiende a Ciudadanos (Cs), Pablo Piñero, del Colegio de Abogados de Madrid, ha solicitado la inadmisión de la demanda y la imposición de costas a los concejales, alertando del perjuicio y "daño irreparable" que le genera este caso a un partido de "prestigio", especialmente ahora, en medio de una convocatoria electoral.

Ha dicho que Cs acatará la sentencia del final del proceso --"bueno estaría", ha replicado Sandra Rodríguez-- e insistido en que se han cumplido en su integridad los estatutos del partido, señalando también que el derecho a la participación política no depende de que un concejal pueda percibir o no un salario.

Ha indicado que a los expulsados se le dieron los plazos para presentar alegaciones, y se ha referido también al mensaje de 'whatsapp' de la noche del 14 de julio, donde se les advirtió de que debían votar a sus candidatos salvo que hubiera un pacto "cerrado o autorizado" por el partido.

NO HAY "NINGÚN PAPEL FIRMADO" CON UN PACTO CS-PSOE

Asimismo, ha comentado que "no existe ningún papel firmado" de Cs o el comité de pactos que haya autorizado un acuerdo con el PSOE, "no hay que ir más allá", lo mismo que está sin documentar un "supuesto" pacto con CC al que aluden los demandantes. "Esas pruebas no existen", ha subrayado.

El letrado ha comentado que los concejales han lanzado un "batiturrillo" de conversaciones telefónicas, mensajes de 'whatsapp' y hasta testigos de otros partidos "que no ayuda mucho" y ha espetado a Zambudio y Lazcano que cuando se afilian a un partido político deben cumplir sus estatutos, de tal manera que niega la indefensión, apoyándose en una sentencia de la Audiencia de Madrid que entiende que no la puede haber en una asociación privada.

Ha apuntado, además, que los mensajes de 'whatsapp' tiene "total validez", especialmente los del grupo 'cargos-partido-cs-sctf', pues el partido "se comunica" por esa vía, y por tanto, sostiene que un afiliado "debe cumplir lo que dicta el partido".

El caso ha quedado visto para sentencia y la magistrada María Gabriela Reverón tiene un plazo de cinco días para dictar una resolución --que se espera probablemente para la tercera semana de este mes dado que va a tomar algunos días de vacaciones a partir del jueves--.