SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz y consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado que la opción de compra del edificio que hoy ocupa la Consejería de Educación y que es propiedad del empresario Antonio Plasencia, condenado por el caso Las Teresitas, permanece "intacta" a pesar de la orden de embargo dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a raíz de que la Audiencia Provincial haya ordenado, tras la petición del Ayuntamiento capitalino, el embargo provisional de dos edificios de Antonio Plasencia para proceder al pago de la deuda que tiene contraída con el Consistorio por el caso Las Teresitas. Uno de esos edificios es precisamente el que hoy ocupa la Consejería de Educación y que pretende ser adquirido por el Ejecutivo.
Julio Pérez ha considerado una "buena noticia" que una administración pública que ha sufrido un perjuicio encuentre un medio de ser resarcida. "Valoramos como algo razonable y positivo que el Ayuntamiento de Santa Cruz, al que se le debe un dinero [100 millones de euros], si quien tiene que pagar no lo hace, encuentre un camino para obtener la satisfacción de ese crédito", incidió.
El consejero ha aclarado que la orden de embargo dictada por la Audiencia Provincial es una decisión cautelar y apuntó que lo que podría ocurrir es que el dinero que ahora paga el Gobierno en concepto de alquiler (300.000 euros mensuales) por el edificio haya que abonarlo al juzgado. En cualquier caso, insistió en que no se altera la posición del Ejecutivo en relación con el edificio como arrendador.
Además, insistió en que el Ejecutivo tiene una opción de compra sobre la que se ha valorado la posibilidad de ejercer porque los servicios técnicos entienden que podría resultar más económico que el alquiler. De hecho, quiso recordar que en los presupuestos del próximo año ya hay una partida prevista si finalmente se decide adquirir el edificio, que asciende a 8 millones de euros.
En todo caso, reiteró que el Gobierno no considera que la decisión judicial afecte a su posición como arrendador del inmueble. Otra cosa es que finalmente se ejerza o no la opción de compra, apuntó el consejero, pues "quienes han hablado son los técnicos económicos y habrá que esperar a ver el edificio para ver si ejercemos dicha opción, que está intacta, al igual que el contrato de arrendamiento".
