SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración, Froilán Rodríguez, y la directora general de Servicios Sociales, Araceli Sánchez, informaron hoy a representantes de los Servicios Sociales de los ayuntamientos canarios de los plazos de entrada en vigor de la Ley de Promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia.
Durante la reunión, que tuvo lugar en el edificio de Usos múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, se facilitó el material normativo del que se dispone hasta el momento sobre dicha Ley.
Como principal conclusión, el viceconsejero estimó que la entrada en vigor real de la Ley de Dependencia se situará a finales del mes de abril ya que "la Ley está naciendo, y el Ejecutivo central debe hacer todavía un desarrollo considerable de muchos aspectos por regular".
El Gobierno deberá regular, mediante Real Decreto, aspectos tales como las condiciones de acceso a las distintas prestaciones, el baremo o instrumento de valoración, que determinará el grado y niveles de dependencia, los criterios básicos para el procedimiento que establezca el reconocimiento de la situación de dependencia, o el marco de cooperación interadministrativa, así como la ayuda económica que se otorgará a los cuidadores.
Rodríguez aclaró que serán los ayuntamientos las instituciones a las que los ciudadanos deberán dirigirse para solicitar los derechos que les reconoce la nueva Ley. Estima que la entrada en vigor de la nueva Ley será gradual, y que durante este año sólo tendrán derecho a las prestaciones del Sistema las personas que tengan un alto nivel de dependencia.
Froilán Rodríguez explicó que el Ejecutivo canario comunicará a los ciudadanos a través de diferentes campañas y del 012, la información necesaria durante el proceso de puesta en marcha de la Ley "ya que somos conscientes de que existe una gran expectativa en la sociedad".
Dicha información explicará, entre otros aspectos, cómo se va a realizar la valoración de la situación de dependencia, y cuáles son las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que podrán tener naturaleza de servicios y de prestaciones económicas.
