Las directrices deberán ser aplicadas en el plazo de tres meses por los departamentos de la administración autonómica para atender "quejas justificadas" de los ciudadanos
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy en su reunión en Las Palmas de Gran Canaria el proyecto de Decreto por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 'Medidas ante la Crisis Económica y de Simplificación Administrativa'.
Este proyecto de Decreto, que cuenta ya con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, supone "un avance cualitativo y cuantitativo en este ámbito de actuación, ya que, además de culminar el proceso de modificaciones iniciado tras la aplicación del Acuerdo sobre las Medidas de Choque, de septiembre de 2008, propone medidas concretas de reactivación e impulso de la actividad económica, según afirmó en rueda de prensa el viceconsejero regional de Comunicación, Martín Marrero.
El portavoz explicó que "las directrices deberán ser aplicadas en el plazo de tres meses por los distintos departamentos que conforman el Gobierno de Canarias al objeto de identificar a qué procedimientos pueden aplicarse estos criterios de simplificación burocrática", que tienen como fin "atender las quejas justificadas de los ciudadanos en cuanto a la prolongación en el tiempo de los trámites administrativos, además de impulsar la actividad económica para que los procedimientos no supongan un handicap añadido".
Respecto a las actuaciones en materia de reactivación e impulso de la actividad económica, el proyecto contempla medidas concretas de simplificación en materia de Contratación, Inversiones de Interés Autonómico, Implantación de Nuevas Actividades Económicas, Empresariales o Profesionales y Subvenciones del Servicio Canario de Empleo.
"CUALQUIER INVERSIÓN" SERÁ CONSIDERADA DE INTERÉS GENERAL
De esta forma, como novedad, Marrero informó de que "todas las inversiones, no sólo las de obras públicas que ya se habían declarado de interés general, pasan a ser consideradas de interés general y, por tanto, su tramitación será urgente".
En concreto, se declara que concurren Razones de Interés Público, con la consecuencia de la aplicación automática de la tramitación urgente, para los expedientes de contratación relativos a redacción de proyectos de obras, contratos de obras, concesión de obras públicas, los de colaboración entre el sector público y el sector privado y los contratos de servicios en materia de telecomunicaciones, informática y servicios conexos, servicios de investigación y desarrollo y servicios de arquitectura, por entender que son estos contratos los que implican más inversión y una mayor capacidad para la creación de empleo.
Además, en todos estos contratos se elimina la exigencia de constituir garantía provisional a la hora de contratar con la administración pública, lo que supone "un alivio económico al sector empresarial, que no tendrá que recurrir a avales o desembolsos en efectivo para licitar", explicó Marrero.
En este sentido, indicó que se regulan las Inversiones de Interés Autonómico, que se definen como las declaradas por el Gobierno de Canarias que contribuyan a un especial impulso para el desarrollo económico y social y, con carácter prioritario, las encaminadas al fomento del empleo. Las circunstancias de desaceleración y crisis económica exigen la creación de este instrumento, que permitirá que importantes proyectos de inversión en Canarias tengan un impulso preferente y rápido potenciándose, consecuentemente, la creación y generación de empleo, apuntó.
COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
Asimismo, se establece la Comunicación Previa de Inicio de Actividad, que permitirá al empresario iniciar directamente su actividad sin necesidad de tener que esperar a las autorizaciones o licencias de la administración. Por acuerdo de Gobierno se deberá determinar ahora qué actividades económicas, empresariales o profesionales deben ajustarse a este procedimiento.
Finalmente, se determina el plazo máximo de tres meses para dictar y notificar resolución expresa en el correspondiente procedimiento en materia de agilización de las subvenciones tramitadas por el Servicio Canario de Empleo.
"DECLARACIÓN RESPONSABLE"
El citado proyecto surge, además, de la necesidad de promover la implantación de un nuevo marco normativo que posibilite una "profunda transformación" de la administración pública de la Comunidad Autónoma, dirigida a responder a las necesidades de los ciudadanos que reclaman "una administración cercana e implicada con la realidad económica y social de Canarias".
Este proyecto de Decreto es el resultado del compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias de ofrecer un servicio público eficaz y eficiente orientado al ciudadano, así como una Administración pública menos costosa, mediante la eliminación de trámites innecesarios y la simplificación de procedimientos, donde se reduzca la documentación que tiene que aportar el ciudadano y los plazos de resolución de los procedimientos.
También se pretende, con esta iniciativa, una Administración moderna y transparente, cuyo fin sea conseguir los objetivos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
De este modo, Marrero resaltó que se introduce el concepto de "declaración responsable", que, a su juicio, "va a suponer un cambio radical de filosofía en la gestión pública". Así pues, "en vez de tener que aportar una larga serie de documentación, el interesado, sea empresa o persona particular aportará la "declaración responsable", en la que asegura que tiene la documentación precisa y que deberá acreditar si la administración lo considera oportuno.
Según Marrero, "esto simplifica bastante los trámites de la administración autonómica", que sancionará en caso de que la declaración responsable fuese "fraudulenta".
Por último, manifestó que las medidas incorporadas a este proyecto de Decreto, impulsado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, han sido aportadas por el conjunto de las Consejerías autonómicas y cuentan con el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales, que también han realizado algunas aportaciones.
