LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias destinará este año más de 43 millones de euros para la atención de los colectivos más desfavorecidos de las islas, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.
De esta forma, de los 43 millones de euros, 35,86 millones de euros se destinarán a las familias canarias con "más dificultades". La Consejería de Bienestar Social ha incrementado el presupuesto de las ayudas económicas sociales "en un 67 por ciento respecto a lo invertido en el año 2008".
En concreto en 2009, el Ejecutivo regional invertirá 20,10 millones de euros al Fomento de la Inclusión Social; 15,76 millones de euros en ayudas al acceso a la vivienda a unidades familiares en situación de exclusión social, lo que supone un "incremento del 21 por ciento respecto al año anterior en este mismo concepto"; y 8,87 millones de euros para la integración social de inmigrantes, "un 10 por ciento más que en 2008".
Al respecto, la consejera del área, Inés Rojas, aseguró que el objetivo de la Administración regional se centra en "estructurar las ayudas sociales a través de los ayuntamientos mediante la Ley de Prestación Canaria de Inserción, y para ello ha destinado una partida de más de 3,5 millones de euros" con el fin de "potenciar" los equipos de trabajadores sociales municipales para que las ayudas lleguen a las familias con dificultades.
Rojas también resaltó la importancia de contar con la colaboración de las Organizaciones No Gubernamentales para "potenciar" la normativa e informar a los usuarios de sus instalaciones, ya que mediante la prestación "no sólo" se ofrece una ayuda económica que podría alcanzar los 600 euros sino que "garantiza" un itinerario de inserción que podría ser de tipo laboral o, incluso, de habilidades sociales, programas de toxicomanías o de rehabilitación de problemas de alcoholismo.
Añadió que el Gobierno regional "no sólo" quiere ofrecer una ayuda económica sino la "fórmula para iniciar un proyecto de vida" porque el objetivo de la política "es mejorar" las condiciones de vida de la población en exclusión en las islas. La consejera apuntó que este año ante la previsión de un aumento de la demanda de ayudas sociales por la situación económica, se "han incrementado todas las partidas destinadas a las personas con más dificultades".
En diciembre de 2008, un total de "2.031 personas" ya estaban percibiendo estas ayudas. En este sentido, explicó que por cada solicitante se confecciona un programa específico de actividades dirigidos a la unidad de convivencia, elaborado por los profesionales vinculados al área de trabajo social del centro municipal de servicios sociales en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda.
NORMA CON EXCEPCIONES
Por otro lado, señaló que la normativa de Prestación Canaria de Inserción establece una serie de excepciones dirigidas a las personas que no pueden cobrar la ayuda al no cumplir la totalidad de los requisitos, tales como las personas sin techo, las mujeres víctimas de violencia de género o las personas mayores de 65 años que no cobran pensión contributiva y no reúnen todos los requisitos para acceder a esta prestación.
En este sentido, señaló que en la mayoría de las comunidades autónomas no se incluyen a las personas mayores de 65 años sin derecho a pensión, "aspecto que sí se recoge en la normativa canaria", lo que calificó de "vital importancia", ya que las prestaciones no contributivas representan "sólo el 5 por ciento", mientras que en Canarias "suponen nada más y nada menos que el 15 por ciento".
De esta forma, son las personas mayores de 60 años, así como las mujeres las que más sufren "esta diferencia ya que sólo el 30 por ciento de ellas cobran una pensión de jubilación que es, además, inferior a la de los hombres porque las pensiones por viudedad son mucho más bajas".
Finalmente, indicó que con la entrada en vigor de la Ley de Prestación Canaria de Inserción se "han incrementado las ayudas económicas básicas", de hecho, el Gobierno canario incrementó la propia Prestación Canaria para equipararla "al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional para unidades familiares de un miembro y mucho más para unidades más amplias".