LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 May.(EP/IP)
La ilegalidad impera en el sector turístico canario al detectar los servicios de inspección de la Consejería de Turismo del Gobierno regional múltiples casos de hoteles, apartamentos, agencias de viajes, restaurantes, cafés, bares y guías que incumplen por doquier la normativa isleña, según pone de manifiesto un análisis de los anuncios al respecto publicados por dicho departamento autonómico en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) entre el 1 de enero de 2006 y el 25 de mayo del presente año.
La norma que más se incumple con diferencia es la "estar abierto al público el establecimiento de referencia sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada ", además de "actuar sin la preceptiva inscripción en el Registro de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos para el desempeño de actividad", hechos que se agravan ante la patente y reconocida escasez que sufre el cuerpo de inspectores turísticos del Ejecutivo autonómico.
Existen incluso casos muy llamativos de establecimientos hoteleros muy conocidos que incurren en esas irregularidades, siendo el caso más reciente el del Hotel Martiánez en Puerto de La Cruz, Tenerife, al que Turismo comunicó esta misma semana a través de un anuncio en el BOC que le puede imponer un sanción de 90.000 por una falta muy grave por "estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de hotel-apartamento en el momento de levantarse el acta de inspección nº 10976, lo que se desprende de la referida acta de inspección".
El volumen del fraude en materia turística es incluso más importante de lo que puede deducirse de los casi 50 anuncios que Turismo ha publicado en el BOC en el citado período, y que afectan a más de 75 establecimientos turísticos isleños, ya que Turismo sólo publica en el Boletín los anuncios relativos a las denuncias que no han podido ser notificadas oficialmente, pero no hace mención alguna en el BOC a las empresas que sí han podido ser notificadas de sus actas de inspección.
Se da la circunstancia además de que muchas de las denuncias contra establecimientos ilegales no parten siquiera del cuerpo de inspección turístico, sino que son conocidos por los inspectores a través de las quejas presentadas ante Turismo por los propios turistas, ya sean estos extranjeros, peninsulares o locales.
Los propios inspectores turísticos han criticado también en más de una ocasión que su número, que no supera la veintena, es "insuficiente" para controlar los 575 hoteles y 2.482 complejos de apartamentos que existen registrados en las Islas, a los que hay que sumar los 811 hoteles rurales, 2.613 casas rurales, 9.898 bares, 1.499 cafeterías y 6.655 restaurantes operativos en las Islas, datos en los que no figuran por descontado los establecimientos turísticos alegales de las Islas.
La Consejeria de Turismo es suficientemente conocedora del "enorme" volumen de trabajo que tienen sus escasos inspectores turísticos, y de hecho, a principios de este año anunció la próxima creación de quince nuevas plazas de inspectores turísticos, pero a día de hoy dichas plazas no han sido convocadas todavía.
Es resaltable también que la dimensión del problema de la ilegalidad de los establecimientos turísticos isleños se extiende a prácticamente todas las islas del Archipiélago, ya que los anuncios de la inspección publicados en el BOC en el último año y medio hablan claramente de irregularidades en distintos establecimientos de las islas capitalinas, e incluso en sus propios municipios capitalinos, así como en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
Por ejemplo, el Apartamento Coral Beach Resort de Arrecife fue denunciado por "estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de apartamentos, constando de 58 unidades alojativas" y se le advirtió de que puede imponérsele una sanción de 57.096 euros por una falta muy grave.
Los anuncios de los cuerpos de inspección turísticos publicados en el BOC detallan que las irregularidades abarcan un amplio espectro, ya que van desde incumplir la unidad de explotación, exceso de reservas, tener un director de hotel no titulado, falsear números de estrellas o tenedores, deficiencias en la limpieza, no disponer de lista de precios, aumentar los precios sobre la lista, no tener recepción, fallos en el servicio de extinción de incendios, deficiencias en el mobiliario, fallos en los servicios higiénicos y de limpieza, carecer de hojas de reclamaciones, no tener libro de inspección, no comunicación de cambio de titularidad y no ajustarse a las obras proyectadas hasta incluso no permitir que los inspectores acceden a sus establecimientos para levantar las correspondientes actas de infracción.
Caso aparte es el de los guías no titulados, mayoritariamente extranjeros, que son descubiertos operando fraudulentamente, como Chantal Luis Van Damme, quien ha sido denunciada y sancionada con una multa de 3.000 euros por trabajar "sin la preceptiva inscripción en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos y sin la habilitación preceptiva para el desempeño de la actividad turística reglamentada de guía de turismo".
Las propias patronales turísticas isleñas han alertado en varias ocasiones al Gobierno regional de las numerosas irregularidades en las que incurren muchos establecimientos ilegales de las Islas, criticando sobremanera que suponen una clara competencia desleal, además de dañar la imagen turística del Archipiélago, pero el Ejecutivo isleño no ha tomado 'cartas en el asunto' hasta estos momentos.
