SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, 23 Mar. (EP/IP)
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a sacar a concurso la concesión de las actividades acuáticas de Playa del Inglés, unos servicios que son explotados desde hace años por el mismo empresario gracias a diferentes prórrogas concedidas por la institución municipal.
De hecho, el fallo dictaminado por la Sala de lo Contencioso Administrativo dice literalmente que el actual adjudicatario ha tenido "la singular fortuna de lucrarse notablemente mediante la concesión de tres prórrogas a las que ningún derecho tenía", siempre en las mismas condiciones económicas originarias del contrato.
Esta afirmación viene motivada por un acuerdo plenario suscrito por la corporación en septiembre del 2002 que declaró desierto el concurso convocado para explotar los servicios náuticos y deportivos. Entonces se presentaron tres ofertas que fueron admitidas por la mesa de contratación, aunque finalmente la mayoría gobernante decidió resolver el procedimiento en base al informe suscrito por un técnico municipal. En él se exponían una serie de deficiencias en el pliego de condiciones que podrían haber repercutido negativamente en los intereses municipales si la adjudicación se hubiese efectuado en esos términos.
Sin embargo, el juez entiende que esas "supuestas deficiencias" son extemporáneas y achacables a la imprevisión de la propia administración, que parece representarse el marco ideal en el que debe de prestarse el servicio mientras permite que el adjudicatario actual le de la espalda a esas condiciones, según recoge la sentencia.
Además, el magistrado recrimina al Ayuntamiento que su obligación es respetar los derechos de las entidades que fueron admitidas al concurso, considerar sus ofertas y puntuarlas con arreglo a los criterios fijados en las cláusulas particulares. Por ese motivo anula la resolución recurrida, ya que el pleno municipal se excedió en su facultad para dejar desierto el concurso al no resolverlo conforme a las condiciones fijadas en el pliego.
Por tanto, el fallo ordena a la institución local que adjudique el concurso a la posición más ventajosa de las tres que se presentaron en su día, entre ellas la formulada por Medisol, la empresa que recurrió el acuerdo plenario. En cualquier caso, fuentes municipales consideran que la sentencia no se puede ejecutar porque las ofertas fueron retiradas.
Además, con posterioridad a la resolución del procedimiento, se volvieron a sacar a concurso los servicios náuticos y los ganó de nuevo el mismo empresario que los explota en la actualidad. Después los diferentes gobiernos locales le han concedido varias prórrogas más, en parte motivadas por la imposibilidad de abrir un proceso de adjudicación hasta que la Demarcación de Costas en Canarias lo autorice, pues la familia Del Castillo también ha solicitado a este organismo estatal el derecho a gestionar estas actividades al estar ubicadas en terrenos de su propiedad.
La última prolongación de este contrato ya vencido se realizó hace pocos meses por decisión plenaria, que afecta tanto a los kioscos como a los servicios deportivos. Los munícipes acordaron prorrogar estas prestaciones hasta después de las elecciones para evitar que Maspalomas y El Inglés se quedaran sin los equipamientos playeros, a la espera también de que Costas se pronuncie y el nuevo gobierno local obre en consecuencia tras los comicios.
