LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Moral de la Rosa, advirtió hoy de que "los períodos de dificultad económica comportan un crecimiento de la delincuencia porque los dirigentes y responsables de las empresas buscan un mantenimiento de las mismas a cualquier precio".
En su ponencia titulada 'Los derechos de los socios ante la crisis económica' en las I Jornadas sobre Delincuencia Económica celebradas en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Moral de la Rosa indicó que en los últimos años de "bonanza económica" en España las empresas iniciaron una fase de internacionalización y hubo un aumento de entidades que probaron en mercados y sectores desconocidos llevados por la creencia de que se obtendrían beneficios importantes con muy poco riesgo.
Sin embargo, aseguró que "la realidad ha demostrado" que aquellas empresas "estaban llamadas a fracasar y a frustrar las expectativas de los socios que invertían alegremente en las mismas".
Así, a su juicio, "es fácil predecir que las dificultades en que se encuentran las empresas les lleven a realizar actuaciones para abaratar costes, recuperar expectativa de beneficios y buscar soluciones, lo que hará inequívocamente que en muchos casos se busquen acuerdos u operaciones que puedan frustrar los derechos de los socios en las empresas o sociedades en las que participan".
Agregó que "en una situación de desasosiego impera el desorden, la falta de control y facilita el recurso a medios más o menos fraudulentos con lo que reflotar la empresa".
CLANDESTINIDAD
Según el fiscal, ello da lugar a la "comisión de todo un ejército de actuaciones criminales desde estafas, operaciones fraudulentas en perjuicio del derecho de los socios y, sabedor de la falta o descenso del nivel de control por la administración, le lleva a traspasar la línea de la legalidad".
Otra de las causas de la crisis económica es, según Moral, "la opacidad de la información, ya que se busca la clandestinidad de las operaciones al actuar al margen de la ley, por lo que se trata de dar apariencia de legalidad a lo que no la tiene y se evita tener que proporcionar datos de lo que se hace o dónde se destinan los fondos para no caer en responsabilidad".
A este respecto, resaltó "la importancia de la justicia para que la economía funcione". "Sólo cuando se tiene conciencia de que ante un acto fraudulento o ilegal habrá una respuesta de los tribunales se es más pulcro y cuidadoso en buscar la actuación dentro de los límites de la ley", apostilló.
Para ello, considera que es necesario que concurran una serie de requisitos, entre los que figura que "la justicia sea predecible, de modo que el dirigente de la empresa ha de saber lo que le depara por parte de la justicia si actúa al margen de ella".
Además, reivindicó que "la justicia sea rápida y dé una respuesta casi inminente, ya que sólo así se podrán respetar los derechos de los socios, terceros, de los ciudadanos en general, evitando que se realice un daño que puede llegar a ser irreparable".
DAÑOS
Asimismo, planteó la ejecución de las sentencias, pues estima que "de poco sirve que se dicten resoluciones declarando la responsabilidad de los dirigentes de las empresas si las mismas no se ejecutan". Igualmente, señaló la necesidad de contar con órganos y profesionales especializados para la persecución y control de los asuntos con un trasfondo económico y determinar la responsabilidad de los gestores.
Consecuencia de todo ello es, según Moral, que "se ha perdido la confianza en la economía y en la justicia, se recompensa tarde y esa reparación es necesaria".
A su entender, "el derecho penal tradicional no es suficiente para controlar, castigar y prevenir la comisión de delitos consulados a la actividad empresarial, pues los efectos de la ley difícilmente alcanzarán al verdadero responsable y los socios o terceros raramente verán resarcidas sus pérdidas o recuperado su dinero".
Como daños característicos de la delincuencia económica destacó los financieros, si bien subrayó que también puede ocasionar daños materiales o personales como "atentados contra la vida, integridad o salud, como pudiera ocurrir con los fraudes alimentarios, manipulación de alimentos y violación de normas sobre medicamentos, entre otros".
En este sentido, se refirió a los numerosos procedimientos existentes en los tribunales españoles sobre el suministro de sustancias nocivas para el engorde de ganado (glenbuterol), estafas sobre la leche o el caso famoso del aceite de colaz que produjo la muerte y lesiones de miles de personas con el único afán de lucrarse con la venta de un producto nocivo.
Ello se suma, a su entender, "a la frustración que se produce en la vida de muchos socios y accionistas que han depositado sus esperanzas y ahorros en una empresa con al esperanza de lograr un beneficio y al final pierden todo lo que confiaron a la misma, fruto de una actuación de los responsables o dirigentes al margen de la ley buscando un afán de lucro que les lleva a transgredir todas las barreras puestas por el derecho". A este respecto, nombró los conocidos casos de Afinsa, Gescartera y Forum Filatélico.
FRAUDE EN SUBVENCIONES Y EN LA RIC
Por su parte, el fiscal de delitos económicos y fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Jorge Pobre Mungay, declaró a Europa Press que "lo más probable es que la incidencia de la situación económica en el futuro pueda apreciarse en un mayor incremento en los delitos económicos".
Así pues, indicó que "siempre que hay una situación de crisis en la empresa muchas veces eso va a determinar que haya un incumplimiento en las obligaciones tributarias".
De este modo, "el incremento de los delitos económicos puede tener este origen de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, delitos societarios, fraude de subvenciones de las comunidades europeas y de la materialización de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), apostilló.
Manifestó que en la provincia de Las Palmas hay dos fiscales especializados en delitos económicos y "la idea es que haya una sección especializada de fiscales en las islas para poder tratar este tipo de temas que son complejos con una mayor solvencia y tener una visión amplia de la totalidad de los delitos, poder tramitarlo con mayor celeridad y hacer seguimiento de las querellas desde el punto de vista coordinado, que pueda revertir en una mayor eficacia".
