LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Consejo de Vecinos del Castillo del Romeral, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, Guillermo Wyttenbach, ha solicitado consideración al director de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Juan José Azcona, y a la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias a la hora de convocar reuniones.
En declaraciones a Radio Nacional de España recogidas hoy por Europa Press, Wyttenbach comentó que la intención de dicho Consejo era conseguir la asistencia de un mayor número de vecinos pero solicitan que dichos encuentros tengan lugar por la tarde, porque, recordó, se trata de "asalariados y bastante horas han perdido en tribunales y vigilancia" por lo que, además, solicitaron que se fijen "unos cuantos días antes para preparar a la gente".
Wyttenbach acusó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de no haber "tomado decisiones" ante el desarrollo de estas obras que el Consejo vecinal ha "demostrado" que son "ilegales", y explicó que los vecinos acuden a esta zona "a vigilar que no se muevan las máquinas ni el terreno hasta que no tengan todas las bendiciones".
El también ingeniero justificó los hechos ocurridos recientemente explicando que "en los últimos días la delegada ha dicho que las obras se hacen sí o sí" y puntualizando que todavía siguen "sin disponer del terreno, sin tener aprobado el Plan Territorial de Instalaciones Penitenciarias y sin tener el informe de impacto medioambiental". A pesar de ello, Darias, aseguró Wyttenbach, asegura que "son legales" aunque "ha solicitado tres meses más para rellenar el expediente y aprobarlo".
Asimismo, explicó que "a la delegada le ha entrado la prisa por mover tierra y vallar el terreno" para lo que, aclaró, "ha traído unidades especiales de la península" a una zona en la que habitualmente se concentran personas mayores y mujeres por lo que "cualquier empujón" hace que la gente "se excite, suba el ambiente y un fósforo puede producir una explosión".
Por otro lado, Wyttenbach argumentó, en relación a los beneficios que según la delegada del Gobierno trae la cárcel al municipio, que la obra se adjudicará "a una contrata o a una constructora que traerá el personal de donde le de la gana" y puso como ejemplo la ampliación que se está llevando a cabo en la central térmica del municipio donde "están trayendo albañiles portugueses".
En cuanto a las compensaciones, ya firmadas por un total de 10 millones de euros para suministrar agua, comentó que "es una cuestión de dignidad" añadió que "si hay una necesidad, con cárcel o sin cárcel, deberá resarcirse" y consideró que "no por una cárcel vamos a tener más agua, que no es agua, se pondrá una depuradora para la cárcel y esa agrupará el agua que ya hoy día se está depurando y con un emisario que casualmente da a 1500 metros de la costa donde están las piscifactorías".
Según la delegación podrían crearse unos 800 puestos de trabajo pero, según explicó Wyttenbach, serán guardias civiles y funcionarios de prisiones "que tienen que "hacer unas oposiciones, y casualmente, hace 20 ó 25 días que venció el plazo de inscripción y ni siquiera tuvieron la habilidad de avisar públicamente para que la gente se presentara".
El portavoz del Consejo de Vecinos del Castillo del Romeral concluyó reiterando que no dicen que no a la cárcel "por que no" si no porque entienden que San Bartolomé de Tirajana ha sido "lo bastante solidario" con Gran Canaria, ya que dicho municipio alberga "demasiadas infraestructuras negativas".